2016: el año de la terca cerrazón

EL CONFIDENCIAL 29/12/16
JOAN TAPIA

· Josep Piqué, exministro de Aznar y expresidente del Cercle d’Economia, critica por insuficiente la política del PP con Cataluña

El año acaba mal en Cataluña. Y mal para las relaciones entre Catalunya y el resto de España. La culpa es de la cerrazón, la estupidez y la falta de capacidad de análisis que siguen imperando en ambas partes. Aunque es preciso añadir que la responsabilidad principal corresponde a una inconexa y casi rota mayoría parlamentaria catalana, que con el 47,8% de los votos en setiembre del 2015 dice representar la voluntad de los catalanes de crear un nuevo Estado, y de la primera minoría parlamentaria española, la del PP, que con sólo 137 diputados se permite seguir creyendo -pese a alguna rectificación de última hora- que sólo ella sabe lo que le conviene a España.

Cataluña acaba el año como empezó, con su gobierno intentando autoengañarse y engañar a sus ciudadanos. Lo empezó con el “setciencies” (traducir por sabiondo) Artur Mas diciendo que había logrado una gran victoria por el 47,8% de votos independentistas en las elecciones plebiscitarias, el verdadero referéndum que el gobierno español no había dejado hacer. Pero ya el primer fin de semana de enero tuvo que admitir que no tenía mayoría -ni parlamentaria- porque las CUP se negaron a investirlo president. Pero intentando esconder la derrota -la pretendida lista única del independentismo obtuvo sólo el 39,6% de los votos, el resto hasta el 48,7% era de las CUP- dijo que daba “un paso al lado”.


· El independentismo practica todas las contorsiones posibles -independencia, referéndum ilegal y ahora pactado- para tapar el fracaso de sus propuestas

Y el independentismo acaba el año quizás peor de lo que lo empezó. Retrocediendo formalmente años atrás -en un intento de sumar a sus filas a la alcaldesa Ada Colau, a la antigua ICV y a la sección catalana de Podemos- y volviendo a exigir el pasado viernes en la formación del Pacto Nacional para el Referéndum (el nuevo traje del ya viejo Pacto Nacional para el Derecho a Decidir) un referéndum pactado con el Estado. Pero este aparente retroceso es sólo táctico porque el PDE.Cat, la antigua CDC y lo más moderado de Junts pel Si, dice que el referéndum de septiembre se mantiene, haya o no acuerdo con el Estado. Por su parte las CUP dicen que el tiempo para el acuerdo debe ser de un máximo de tres meses. Y voces relevantes del independentismo sostienen que el referéndum puede incluso adelantarse si Carme Forcadell o Artur Mas (cuyo juicio se verá en febrero) son sancionados por el aparato judicial del Estado.

El lío es mayúsculo porque nadie cree que el Estado español (y el parlamento votado hace menos de un año) vaya a aceptar un referéndum de autodeterminación. Además el propio Artur Mas dijo poco antes del verano -por una vez con toda la razón- que el referéndum unilateral no serviría para nada porque los contrarios no irían a votar y carecería así de legitimidad internacional. Es lo que ya pasó en su “consulta participativa” del 9-N del 2014 cuando dos millones de catalanes votaron por la independencia -muchos- pero sólo acudió a las urnas el 36% del hipotético censo.

El telón de fondo de todo es que el gobierno catalán no ha podido aprobar el presupuesto del 2016, no está claro que lo logre para el 2017, las leyes aprobadas se cuentan con los dedos de una mano y el gobierno sólo se sostiene con la oscilante respiración asistida de las CUP. Parece un fracaso total.


· El Gobierno español no se beneficia de los errores del independentismo y ha tenido que lanzar -tarde y mal- a la vicepresidenta a una llamada ‘Operación Diálogo’

Pero no lo es, porque si hoy hubiera elecciones – según la reciente encuesta de ‘El Periódico’ y de otras similares- ERC sería de largo la primera fuerza y el independentismo -dividido- incluso podría sumar algo más del 47,8% del 2015.

¿Por qué? Porque frente al independentismo, el gobierno español no ha sabido diseñar una política alternativa creíble y respetable. Cierto que la vicepresidenta dijo hace pocos días que el PP quizás se equivocó con su actitud ante el Estatut del 2006. Pero es diez años después y sobre todo tras una legislatura con mayoría absoluta en la que el PP no sólo se ha negado a cualquier negociación con el gobierno catalán (la vicepresidenta reconoció que ahora había empezado a estudiar las 46 reivindicaciones que hace meses le presentó Puigdemont) sino que ha despreciado las propuestas de los partidarios de la Tercera Via y se ha negado en serio a hablar de la reforma de la Constitución, que con mayoría absoluta le habría sido más fácil de encarrilar.

Algunos lectores de El Confidencial me dicen que sospechan que tengo simpatías por el independentismo, o alguna debilidad o síndrome de Estocolmo. Es un grave error, aunque lo que sí creo es que la estabilidad de una España democrática exige superar la “desafección” de una parte importante de Cataluña.

Por eso hoy prefiero no argumentar mucho sobre los errores de la política del PP sino hacer comparecer a un testigo nada sospechoso. A Josep Piqué, al que Aznar hizo portavoz de su gobierno, ministro de Asuntos Exteriores -si el de sus sumisos movimientos de cabeza ante Bush en Barajas- y presidente del PP catalán. Pues bien Piqué, en un medido e inteligente artículo publicado ayer en ‘El Mundo’ y en el que culpa más al independentismo y al PSOE que a su partido, pone negro sobre blanco algunos datos que la dirección del PP, la vicepresidenta-negociadora para todo, y el propio Rajoy, deberían analizar si quieren incidir realmente en la política catalana.

Dice Piqué: “Me parece poco discutible que desde el gobierno de España, y desde el partido que lo sustenta, no ha habido suficiente política…y la principal crítica…es que la respuesta al desafío independentista se ha limitado a la respuesta jurídica. Condición necesaria, pero, sin duda, no suficiente. Porque no basta, evidentemente, con hacer cumplir la ley. Hace falta llegar a las mentes y a los sentimientos. Y no sólo a los que están enfrente, difíciles de convencer. Sobre todo a los que se han sentido poco arropados -por decirlo de forma suave- por los sucesivos Gobiernos de España y, siento decirlo, también por este último.

Analiza después el proceso del Estatut en la línea tímidamente apuntada por la vicepresidenta -que tanto ha enervado a Aznar- y luego lanza una carga de profundidad contra la política de los últimos años que podría suscribir hasta Miquel Iceta, al que el PSOE oficial considera algo sospechoso: “Hay que ganar la batalla del diálogo. E invertir la carga de la prueba. Y trabajar con cosas concretas y absolutamente lógicas, porque van en beneficio de todos. ¿O es que alguien duda que cambiar el sistema de financiación es absolutamente imprescindible para todas las CC.AA?”. Me permito recordar que es algo que legalmente se tenía que haber hecho hace años y que, en todo caso, la imposibilidad había que explicarla y negociarla, no decretarla como dogma de fe.


· La inversión pública en Cataluña está en la mitad de lo que aporta al PIB español y muy por debajo de lo que respecta a a los niveles de su población

Sigue: “¿O de la necesidad del corredor mediterráneo para toda España? ¿O de que no tiene ningún sentido que no exista una red de alta velocidad entre Barcelona y Valencia?” Parece que lo estuviera escribiendo un dirigente de CiU antes de la “conversión” de Mas al independentismo.

No Piqué no lo dice pero la realidad es que en los últimos años la inversión pública del Estado en Cataluña no sólo ha descendido en valores absolutos -lo que es lógico porque lo ha hecho en toda España- sino que en el 2015 ha sido sólo el 9% de la inversión total del Estado cuando la aportación de Cataluña al PIB español es del 18% y su población es un 16% de la total. No es sólo -por su permanencia- una decisión económica equivocada sino un trato no equitativo que la Cámara de Comercio e Industria certifica desde hace años.

Piqué concluye: “Hacer política y diálogo, pues, no es ceder a las posiciones de los adversarios, cuando pretender romper con lo básico. Es quitarles razones y argumentos, arropar a los que lo necesitan y lo esperan y atender a lo razonable que puede ser mucho. Ojalá sea la política del Gobierno”.

La gran pregunta es cómo el gobierno Rajoy  ha podido ignorar toda una legislatura -o peor desconocer- el criterio de uno de sus políticos más escuchados y con mejor acogida en la sociedad catalana ya que -tras su paso por el gobierno- fue presidente del prestigioso Cercle d´Economia -pese a la oposición de Artur Mas- hasta que hace tres años fue sustituido -se le acabó el mandato reglamentario- por Antón Costas. ¿Por ganas de ignorar la realidad? ¿Por prepotencia? ¿O, peor, simplemente por estulticia y para ganar votos en España agitando el populismo contra una CC.AA que habla una lengua diferente?

No tengo una respuesta satisfactoria porque no quiero creer que Rajoy haya podido caer en ninguna de estas tentaciones que sólo son sostenibles a muy corto plazo.

Sea como sea esa es la realidad. Pese a que el independentismo está dividido y no sabe cómo cumplir sus aventuristas promesas, el gobierno de España no se beneficia nada y ha tenido que lanzar a su vicepresidenta -tarde y mal- a montarse un despacho en Barcelona. Bueno, Franco a finales de los cincuenta ya nombró a Pedro Gual Villalbí ministro sin cartera con despacho en el durmiente Fomento del Trabajo Nacional pero eran otros tiempos.

La realidad es que la policía catalana tuvo que detener ayer -por orden de la Audiencia Nacional- al concejal de Vic Joan Coma por negarse a declarar ante la Audiencia Nacional. Es un dato más de que la situación en Cataluña no se normaliza porque sin un mínimo de consenso la normalidad es seguramente una quimera. Y es más preocupante que la inestable mayoría parlamentaria catalana anuncia un acuerdo inminente sobre la ley de transietoriedad jurídica que -dicen- permitirá pasar de legalidad española a la legalidad catalana sin romper la ley. De la ley a la ley como pregonaba Torcuato Fernández de Miranda. Es lo que la presidenta del grupo parlamentario de Junts pel Si y secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha definido como la auténtica Declaración Unilateral de Independencia y que Jordi Turull, el portavoz de dicho grupo y dirigente de CDC, dice que se mantendrá semisecreta o reservada y que no se votará hasta el último momento para que el Estado español no tenga tiempo de recurrirla.

Quizás estemos ante algo que no lleva a ninguna parte, ante un ejercicio jurídico-político de ciencia ficción. Pero lo seguro es que el diálogo de sordos y la cerrazón del año que está a punto de terminar no permite hacer buenos pronósticos para el 2017. El único deseo posible es que el casi inevitable choque de trenes sea de baja intensidad y que la circulación y el diálogo puedan restablecerse con relativa rapidez y normalidad.