EL MUNDO 11/08/16
ARCADI ESPADA
EL FUTURO determinará el valor de la iniciativa de Albert Rivera. El inmediato vendrá dictado por el PP y su verosímil aceptación de las condiciones dictadas. Más allá aguarda la decisión del Psoe de facilitar el acuerdo de investidura a que puedan llegar el PP y C’s. Si los dos hechos se producen, Rivera habrá obtenido un indiscutible éxito político. Más dudoso es que las condiciones planteadas por C’s tengan alguna importancia positiva. En efecto, la ley electoral española es imperfecta como cualquier ley electoral, y puede cambiarse. Ahora bien: su influencia sobre el juego de mayorías/minorías en los 40 años de democracia ha sido insignificante. La limitación de mandatos parece a priori una buena idea, sobre todo si no se entra en el detalle. El detalle de los mandatos de Merkel y Obama, por ejemplo. Lo mismo sucede con la prohibición del indulto en los delitos de corrupción. Benéfica idea. El problema es cómo se observarán los indultos a policías que torturan o a conductores kamikazes que matan. Para acertar de pleno con el indulto solo hay dos posibilidades y deben ser genéricas: o suprimirlo o aceptar que lo rija el depende. El sentido de los aforamientos está vinculado con la protección jurídica ante la hipotética venganza política. Pero hoy importan poco (una cosa y otra) porque la venganza y la justicia se practican en el escenario mediático donde ser aforado es un apreciadísimo plus de atención y castigo. La compleja y venenosa relación entre justicia, venganza, periodismo y política aconsejarían, igualmente, que un político abandonara sus responsabilidades cuando las acusaciones sobre su supuesta corrupción tuvieran una solidez objetiva. Es razonable pensar que esa solidez no se manifiesta en el inicio de las investigaciones de un juez de instrucción. Antes de plantear su exorcismo, C’s debería haber hecho un recuento de las instrucciones que se archivan o acaban bien para el investigado. Por último, se plantea una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Las comisiones parlamentarias sobre casos judicializados no solo son inútiles sino que facilitan la letal segmentación de la verdad, entre lo político y lo jurídico. Qué útil sería en cambio una comisión sobre los diálogos de despacho del ministro Jorge Fernández, no solo para depurar su responsabilidad y eficacia políticas, sino también para dar a un juez hipotéticos indicios criminales de su conducta y de la de sus subordinados.