SANTIAGO GONZÁLEZ-EL MUNDO

No todo le sale mal a Ciudadanos. La Junta Electoral de Barcelona ha tenido a bien aceptar la demanda del partido naranja para que la radio y la televisión públicas de Cataluña dejen de expresarse en el lenguaje antidemocrático que suelen. Vale decir que no podrán llamar «presos políticos» a los golpistas en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners, cuya situación privilegiada respecto al resto de los internos en el trato que les dan la mayor parte de los funcionarios llama a escándalo. También estuvo bien la denuncia ante las Juntas Electorales de Zona de 19 ayuntamientos de Gerona, con la capital a la cabeza, por colgar propaganda independentista en sus balcones.

Mi compañera y sin embargo amiga, Leyre Iglesias, escribió una soberbia pieza de convicción en estas páginas el domingo pasado: Los 7 privilegiados de Lledoners, en la que se detallaban los 16 beneficios escandalosos que disfrutan y la purga de los funcionarios no colaboradores. La denuncia de Leyre debería haber servido para mover el celo de fiscalía por si el servicio de Prisiones, transferido a la Generalidad de Cataluña en 1983 y el Govern que responde (o debería) de la gestión, hubiese incurrido en delito de prevaricación por la larga serie de anomalías descritas en el citado reportaje. No ha habido tal y a cambio, su autora fue objeto de una campaña desatada contra ella por ese diputado de ERC a quien tan bien cuadra el apellido. El tuit de Rufián fue jaleado por cientos de secuaces que la llamaron «puta» y «mercenaria». No ha habido reacción de la justicia, pero la Junta Electoral Barcelona ha tomado en consideración la demanda de Ciudadanos y ha prohibido a TV3 y Cataluña Radio que sigan empleando su lenguaje obsceno y mixtificador, llamando «presos políticos» a los que sólo son presos golpistas, preventivos y por tanto presuntos, que no se me olvide el presuntos.

Tampoco podrán llamar «exiliados» a los prófugos, caso de Puigdemont, Antoni Comín, Martita Rovira, Clara Ponsatí,Lluís Puig, Anna Gabriel y Meritxell Serret. Nunca más deberán referirse al fugitivo de Amber como «presidente en el exilio». El Estatut no da de sí como para tener dos Honorables en activo, –en rigor, tratándose de honorabilidad, ni siquiera para uno–, y Carles Puigdemont perdió el cargo cuando lo destituyó Mariano Rajoy el 17 de octubre de 2017, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por golpista, no sé si les ha quedado claro.

Ayer se cumplieron dos años de la multitudinaria manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana que aquel 8 de octubre reunió en las calles de Barcelona a un millón de personas. También el Partido de los Socialistas Catalanes estuvo en aquella manifestación, encabezándola con un dirigente, Miquel Iceta, que dos años después iba a socorrer a Quim Torra en la moción de censura con su abstención. Pero hay motivos para la esperanza, según cuenta hoy Esteban Urreiztieta, que da cuenta de una admirable noticia: que el Ministerio del Interior tiene previsto sustituir a 5.000 Mossos d’Esquadra si vuelven a desobedecer. Marlaska, mi Marlaska, es casi de no creer.