ABC 06/12/16
· El ministro de Justicia defiende dejar la instrucción en manos de los fiscales Cataluña
· El ministro recordó que el Gobierno ha mantenido abierta la comunicación con Cataluña, dentro de la ley
· Defendió los límites a los aforamientos y la supresión de los indultos en corrupción y violencia de género
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló ayer que la postura de «referéndum sí o sí» que enarbola el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no parece propia de alguien que quiere dialogar. Así lo expresó durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Lourdes Ciuró, que reprochó al Ejecutivo no querer buscar una «salida democrática» a lo que reclama, dijo, el 80 por ciento de la población catalana.
Catalá, que esgrimió sus propuestas de actuación para esta legislatura, recordó que durante estos últimos años el Ejecutivo ha mantenido abierta la comunicación con Cataluña, pero siempre dentro del marco constitucional y sin hacer dejación de sus funciones.
Esta y la actuación de la Fiscalía hace dos años con motivo de la querella contra Artur Mas por el 9-N, fueron las únicas referencias del ministro al desafío independentista. Sobre la segunda, el ministro aseguró que en ninguna ocasión el Gobierno se ha dirigido al Ministerio Público para decirle «lo que tiene que hacer» ni mucho menos obligarle a cambiar de criterio, en referencia a los acontecimientos que acabaron con la dimisión del exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce.
La Fiscalía fue precisamente la protagonista de una intervención en la que Catalá defendió un modelo procesal en el que sean los fiscales los que asuman la investigación de las causas penales, ahora en manos del juez instructor. Se trata de equiparar a España, dijo, con los países de nuestro entorno, donde el Ministerio Público investiga y un juez de garantías se encarga de velar por los derechos del investigado.
Catalá abogó por una justicia más ágil, organizada, digital, basada en los profesionales, pensada e impartida para las personas y fuerte en su independencia en su implacable lucha contra la corrupción. «Hay una demanda social y política unánime» para esta transformación, que definió como «la reforma pendiente desde la Transición». A su juicio, hay una coincidencia en la línea de salida y es preciso «articular una verdadera respuesta del Estado». Para ello propuso la creación de una subcomisión para definir una Estrategia Nacional de Justicia.
Acortar las investigaciones
Entre sus propuestas para una justicia más eficaz, Catalá se mostró partidario de reducir al máximo los plazos de instrucción que provocan en muchos casos investigaciones eternas. Para ello, junto con la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que estableció seis meses para las causas simples y 18 para las complejas, abogó por una investigación en la que se practiquen las «diligencias mínimas imprescindibles» para apuntalar los indicios de delito, para que el juicio se celebre con la mayor celeridad posible.
Catalá se refirió también a la lucha contra la corrupción, para volver a defender límites a los aforamientos y la supresión de los indultos para los casos de corrupción y violencia de género. Junto con la reforma del sistema de nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean elegidos por los jueces, propuso también que los parlamentos autonómicos no puedan designar magistrados en los tribunales superiores de justicia, como sucede ahora.