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Los nacionalistas confían en la “fidelidad” de los Mossos d’Esquadra y en que no se prestarán a impedir la consulta.

Cuenta atrás para el 1-O. Ya no caben más amagos, astucias y dilaciones. Nada se puede descartar en la política catalana, pero a los dos grupos separatistas del parlamento catalán no les queda ya más remedio que abordar en el próximo pleno, los días 6 y 7 de esta semana, la aprobación de la ley del referéndum, la norma con la que la Generalidad pretende amparar “legalmente” la celebración de la consulta de autodeterminación. La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, deberá alterar el orden del día sobre la marcha para que, a petición de los grupos de Juntos por el Sí (ERC y PDeCAT) y la CUP, se vote la citada ley.

Una vez sustanciado el trámite, el gobierno presidido por Carles Puigdemont publicará la ley en la edición electrónica del Diari Oficial de la Generalitat y dará curso al decreto de convocatoria del referéndum, decreto que se quiere con la firma no sólo de Puigdemont, sino de todos los consejeros autonómicos. Todo ello en un mismo día, en cuestión de pocas horas y con el Gobierno y el Tribunal Constitucional al acecho, presto el último a suspender la ley y a debatir si también suspende a quienes firmen la convocatoria y a la presidenta del Parlamento catalán.

En el decreto se fijará el 15 de septiembre como fecha del inicio de la campaña para el referéndum, vinculante aunque resulte un fracaso de participación, según se han encargado de subrayar Puigdemont y Oriol Junqueras en las entrevistas concedidas en los últimos días. La única duda que aún persiste es si los separatistas registrarán y aprobarán de paso la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, una especie de constitución provisional vigente durante el lapso entre entre la proclamación del Estado catalán y la aprobación de una carta magna tras la celebración de unas elecciones constituyentes.

“Dos por uno” en leyes

Dado que esta ley prevé en su última disposición la revocación de la propia norma por una hipotética victoria del “no” en la consulta es probable que se apruebe en el pleno de esta semana y en un acelerado “dos por uno” legislativo o como muy tarde en el previsto para los días 20 y 21 de este mes, para reforzar la campaña a favor del “sí”. Esa norma amplía también los detalles sobre la naturaleza y funcionamiento de la “sindicatura electoral”.

En un escenario de abierto desafío y desobediencia, la actuación inmediata del Gobierno y el Tribunal Constitucional será para los separatistas un catalizador de la manifestación de la Diada, colofón de la semana del choque con el Estado y pórtico de la campaña del referéndum. Las garantías “democráticas” prometidas por la Generalidad han pasado a un segundo plano. Según Puigdemont, hay seis mil urnas cuando en las elecciones se requieren unas ocho mil para dar cobertura a todos los colegios electorales. También se afirma que hay censo. Los ciudadanos de Cataluña deberían recibir a partir del día 15 las tarjetas electorales. Es más, miles de ellos podrían ser requeridos como presidentes y vocales de mesa. A diferencia del 9-N, no serán voluntarios los que presidan las mesas sino personas seleccionadas al azar salvo cambio de planes.

Todo listo para la consulta
En la Generalidad se sostiene que todo está preparado y previsto para activar el operativo tras la aprobación de la ley y que la “normalidad” rodeará el despliegue logístico del referéndum. La mayoría de los dirigentes separatistas están convencidos de que Gobierno, jueces y fiscales actuarán como en el pasado referéndum del 9-N de 2014, esquivando el choque y respondiendo judicialmente cuando se haya consumado la consulta. No habrá intervención, sostienen. Ni artículo 155 ni Ley de Seguridad Nacional. En el PP no se descarta nada e incluso crece el sector que aboga por una acción rápida, contundente y ejemplarizante. Constituiría un abrupto cambio de estrategia contrario a los usos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los nacionalistas consideran que el enrevesado calendario les favorece, que la manifestación de la Diada puede incluso alterar la réplica gubernamental y que las dudas del PSOE entorpecerán las maniobras “unionistas” para detener el golpe. Confían además en que podemitas y comunes acaben por sumarse a la campaña del referéndum y en que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no impida el uso de los locales y escuelas de titularidad municipal que sirven de colegios electorales en los diferentes comicios.

El papel de los Mossos de Trapero
El convencimiento nacionalista sobre el éxito de la operación es cada vez más alto. Prueba de ello, afirman, ha sido la gestión política y policial de los atentados de Barcelona y Cambrils. Las fuerzas separatistas no creen que la manipulación de la manifestación tras los ataques islamistas les perjudique. Ya se ha pasado página. La comparecencia parlamentaria del consejero de Interior, Joaquim Forn, está descartada, así como una comisión de investigación.

La exaltación de la policía regional y su jefe Josep Lluís Trapero lleva aparejada la tesis de que el Gobierno no se atreverá a asumir la dirección de los Mossos ni mucho menos a servirse del cuerpo autonómico para requisar urnas y cerrar colegios. La exhibición del uniformado y armado “major”, el protagonismo concedido, se interpretan en clave de proceso y los nacionalistas están convencidos de que se ha conjurado el riesgo de que los Mossos se sometan a la “legalidad española”. Los más optimistas, con el consejero de Interior al frente, sostienen que los Mossos serán agentes activos en la “protección” del referéndum y que en ningún caso acatarán legalidad alguna que no emane del Parlamento de Cataluña.

El plan B: “primavera árabe”
En el muy hipotético caso de que el Constitucional suspenda de sus funciones a los miembros del Gobierno catalán, el frente separatista dispone de un registro de electos (alcaldes, concejales, diputados y hasta eurodiputados) organizado por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) mientras que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural están dispuestos a llevar a cabo demostraciones de fuerza en la calle si el Gobierno cumple con su promesa y el referéndum no se celebra. La “defensa” del Parlamento catalán con una acampada popular indefinida a sus puertas es la opción más valorada por las entidades, una “primavera árabe” a la catalana. La posible repercusión internacional de una acción contundente por parte del Gobierno es otro de los factores que maneja el separatismo a su favor.

Los nacionalistas han llegado al tramo final del proceso en un notable estado de agitación. La manifestación tras los atentados sirvió para probar la capacidad de organización del voluntariado independentista y el resultado fue óptimo. El acto se convirtió en una perfecta demostración de odio a España. El próximo día 11, lunes, las organizaciones separatistas exhibirán de nuevo músculo con una ley del referéndum suspendida, pero con el compromiso de celebrar la consulta cueste lo que cueste.