EL CONFIDENCIAL 02/06/17
· El plan de ajuste de la Generalitat contempla un incremento del gasto no financiero del 42% en 10 años, casi tanto como el resto de autonomías juntas
A día de hoy, anticipar lo que puede pasar en Cataluña en la próxima década es un ejercicio de alto riesgo. La incertidumbre política es tan alta que cualquier previsión asume un margen de error muy elevado. Lo que está claro es que la Generalitat quiere elevar su gasto público y quiere hacerlo rápido. Así está reflejado en el plan de ajuste de 2016 cerrado y remitido al Ministerio de Hacienda, en el que se recogen los planes de las autonomías que reciben ayuda financiera del Estado para financiar sus cuentas públicas.
Los planes de la Generalitat pasan por elevar su gasto público no financiero en 10.000 millones hasta 2026. Una cuantía muy ambiciosa, ya que supondría elevar su gasto en un 42% en una década (respecto a 2016). De este modo, elevaría su gasto hasta los 34.000 millones de euros, un incremento que tendría que hacer compatible con la estabilidad presupuestaria y la devolución de las ayudas del Fondo de Financiación Autonómico (FLA).
Cataluña prevé aumentar su gasto casi tanto como el resto de autonomías juntas que están recibiendo ayuda financiera (las del Régimen Común, salvo La Rioja y Galicia). Así aparece reflejado en los diferentes planes de ajuste que han enviado las comunidades al Ministerio de Hacienda. Según estos documentos, el conjunto de autonomías elevará el gasto no financiero en algo menos de 12.500 millones de euros en la próxima década, mientras que Cataluña sola lo hará en 10.000 millones.
Solo dos regiones prevén reducir su gasto público no financiero en este periodo: Extremadura y Aragón, precisamente dos de las autonomías que tienen que realizar un mayor esfuerzo para cumplir los objetivos de corrección del déficit acordados con Hacienda. En el caso de Extremadura, prevé recortar algo más de 70 millones (un 2% de su gasto), mientras que Aragón prevé reducir 325 millones, un 7% de su gasto.
Los planes de gasto también son ambiciosos en Andalucía, ya que la Junta plantea a Hacienda un incremento de su gasto de 7.000 millones de euros. En porcentaje, no llega a ser tanto como en el caso de Cataluña, y se queda en el 29%. Si se mira el incremento del gasto proyectado en porcentaje, la más ambiciosa es Cantabria, que pretende emplear un 43% más en una década, aunque, al partir de un punto bajo, en términos absolutos, subiría en 930 millones de euros.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor deuda y la segunda con mayor endeudamiento (ratio deuda/PIB), por lo que su situación financiera no es en absoluto holgada. De hecho, la Generalitat tiene periódicamente serios problemas para refinanciar su deuda de corto plazo en los mercados y lleva más de un año pidiendo al Ministerio de Hacienda que el FLA se haga cargo de una parte para evitar las refinanciaciones cada trimestre.
La deuda de Cataluña superó los 75.000 millones de euros al cierre del año 2016, según los datos del Banco de España, lo que equivale al 35,4% del PIB de la región. En total, la Generalitat tiene el 27% de toda la deuda autonómica, que supera los 275.000 millones de euros. La Comunidad Valenciana es la segunda con mayor montante de deuda, ya que casi alcanza los 45.000 millones de euros, pero es la primera en endeudamiento, con una ratio que marcó en 2016 el 42,5% de su PIB.
El papel lo aguanta todo
El objetivo de los planes de ajuste es que las autonomías proyecten una senda para su política fiscal que permita cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y devolver al Estado las ayudas recibidas durante la crisis a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. Las autonomías que quieren elevar el gasto público más rápidamente son aquellas que proyectan un crecimiento de los ingresos mayor. Así consiguen cuadrar los números, aunque después tiene que cumplirse.
Por el contrario, las autonomías que son más ambiciosas respecto a su capacidad de contener el gasto público en los próximos años son algo más cautas respecto al crecimiento de sus ingresos, pero también apuntan a que crecerán en esta década. La única que proyecta una caída de los ingresos es Aragón, que estima que perderá en torno a 550 millones en este periodo.
En conjunto, estiman que sus ingresos crecerán un 29% en esta década, casi 36.000 millones de euros, mientras que para los gastos prevén un avance más moderado: del 22%, esto es, 23.000 millones de euros. Números con los que las autonomías intentan tranquilizar al Gobierno, otra cosa será que se cumplan.
Andalucía es la comunidad más ambiciosa en cuanto a los ingresos previstos, ya que plantea un incremento de 16.000 millones de euros, esto es, se dispararían un 60%. La Junta prevé recaudar casi tanto como el resto de autonomías juntas (19.000 millones), un objetivo difícil de conseguir. Por su parte, la Generalitat plantea un incremento de sus ingresos de 12.500 millones de euros. Una cifra que permitiría a la comunidad disparar su gasto y además no tener demasiados problemas para ajustar su presupuesto y devolver una parte de la deuda prestada por el Estado.
Reforma de la financiación
Estos planes de ajuste son actualmente un trámite para cumplir con la Ley de Estabilidad (LOEPSF), que obliga a las autonomías con ayuda financiera a entregar estos informes. Sin embargo, la financiación autonómica está en un proceso de revisión integral, por lo que todos los documentos podrían ser papel mojado en unos pocos días.
La Conferencia de Presidentes celebrada en el mes de enero encargó a una comisión de expertos la elaboración de una propuesta para la reforma de la financiación autonómica, con el objetivo de que quede aprobada este año. Esta comisión tiene hasta el día 10 de agosto para mandar su propuesta, por lo que todavía se desconoce qué profundidad tendrá la reforma, pero afectará a las transferencias entre administraciones, a los impuestos e incluso a los gastos.
La comisión está formada por expertos nombrados por el Gobierno y por las distintas comunidades autónomas. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE podría alterar las fechas o incluso frenar el acuerdo, ya que los expertos de las comunidades gobernadas por los socialistas están nombrados directamente por los barones. En cualquier caso, la reforma de la financiación autonómica es uno de los objetivos prioritarios para el Ejecutivo y necesaria para el país, por lo que tarde o temprano se acabará realizando. Las más interesadas son las comunidades autónomas, ya que la idea que está sobre la mesa es que el Estado tiene que proveer de los recursos financieros necesarios para que puedan sufragar las competencias que tienen transferidas