LIBERTAD DIGITAL 09/03/17
EDITORIAL
· Los separatistas están utilizando el proceso separatista para tratar de tapar su corrupción descomunal.
Vaya por delante que tanto o más grave que el que haya políticos que utilicen el dinero público para llenarse los bolsillos o financiar a sus partidos es el hecho de que haya políticos que desvíen dinero del contribuyente para financiar desafíos secesionistas al Estado de Derecho, con sus procesos participativos y sus no menos ilegales y onerosas estructuras de Estado.
Está visto, sin embargo, que los separatistas catalanes prefieren que se hable del procés que de su corrupción económica. De ahí que el martes, en vísperas de la comparecencia ante el juez del expresidente y la exdirectora financiera del Palau, Félix Millet y Gemma Montull, Junts pel Sí, la coalición formada por la antigua Convergència y ERC, se apresurara a consumar su golpe de mano para conseguir que la ruptura de Cataluña con la legalidad constitucional se tramite en un día y sin apenas debate en el Parlamento autonómico.
Este nuevo atropello liberticida, contrario tanto a la Constitución como al propio estatuto de autonomía de Cataluña, no ha evitado, sin embargo, unas explosivas declaraciones de Millet y Montull ante el juez que dejan a la antigua Convergència a los pies de los caballos, ni que las demás formaciones políticas hicieran referencia al caso Palau durante la sesión de control al presidente de la Generalidad celebrada en el Parlamento regional.
Tanto Millet como los Montull (padre e hija) han confesado ante el juez que durante los Gobiernos de Pujol «Ferrovial hacía donaciones a Convergència a cambio de obra pública». La mordida era, según Millet, del 4%, del cual un 2,5% era para el partido y el resto para él y Jordi Montull.
Mientras tanto, en el Parlamento autonómico la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, preguntaba muy oportunamente al presidente de la Generalidad si esta vez no le tocaba «acompañar a los miembros [de Convergència] a los tribunales», en referencia al hecho de que Puigdemont no haya acompañado a Millet hasta las puertas del juzgado como sí hizo durante el juicio por la ilegal consulta del 9-N con el expresidente Artur Mas y sus dos consejeras y con el diputado convergente Francesc Homs en el Tribunal Supremo. Por lo que hace a Anna Gabriel, de la CUP, tras afear al presidente regional que varios diputados de su partido estén tan clamorosamente señalados por la sospecha de la corrupción, ha reclamado que nadie intente «blanquear la corrupción con el proceso independentista».
Aunque en realidad no haya que «blanquear» ni una cosa ni la otra, es evidente que los separatistas están utilizando el golpe de Estado separatista para tapar este y muchos otros casos de corrupción. Tan evidente como la vista gorda que durante tanto tiempo han hecho los grandes partidos nacionales a la megacorrupción en Cataluña, con la ingenua pretensión de que a cambio los nacionalistas no dieran rienda suelta a sus pulsiones separatistas y les ayudaran a gobernar cuando no contaran con mayoría absoluta. Que la mordida nacionalista fuera del 4%, en lugar de ese 3% que Pascual Maragall denunció hace muchos años, no viene sino a ratificar el hecho de que la corrupción en Cataluña era un secreto a voces contra el que nada se hizo.
Nunca se insistirá lo suficiente en que ni ante la corrupción ni ante los ilegales desafíos secesionistas al Estado de Derecho caben las componendas, ni proceso de diálogo alguno. Sólo cabe guardar y hacer guardar la ley.