ABC-LUIS VENTOSO

Torra contra Playmobil (o la política de juguete)

SI se pusiese a currar un poco, en lugar de malgastar la energía de todos con la cháchara sediciosa, Torra tendría bastante que hacer. De entrada, podría encarar la fuga de empresas que azota a Cataluña merced al alegre «procés». Ese éxodo, que comenzó en octubre de 2017 con los dos grandes bancos catalanes huyendo al esprint y que continúa sigiloso e incesante, restará oportunidades a una tierra que era vanguardia de progreso en España (y a la que Madrid está arrollando). La prosperidad no es eterna, véase Argentina. A medio plazo, Cataluña puede sufrir una regresión económica, porque las pataletas xenófobas no constituyen precisamente un imán para el dinero, como aprenden a capones en la City de Londres con el glorioso Brexit.

Si con la sangría empresarial no tuviese suficiente tarea, Torra podría intentar cuadrar las cuentas catalanas, sumidas en la bancarrota por los dirigentes autonómicos y sostenidas solo por la muleta del Estado. También podría mejorar su deficiente sanidad pública, objeto de quejas constantes de sus profesionales. O podría cerrar un par de embajadas, para que no haya chavales catalanes estudiando en barracones debido al despilfarro de la Generalitat, situación que en la Europa más próspera constituye una aberración. Pero todo eso obliga a trabajar en serio, a estudiar los balances, gestionar, acometer reformas tal vez impopulares. Es más llevadero levantarse, llamar a un cámara de TV3 y largar una filípica sobre la maldad epistemológica de «Madrit», la perfidia incesante de España, la crueldad inenarrable de los togados del Supremo y las ventajas del vandalismo callejero como método de alta política.

Torra tiene ocupaciones más importantes que intentar mejorar la vida cotidiana de los catalanes. Ayer, su Gobierno abrió una nueva crisis, que lo enfrenta a un enemigo de juguete: los clicks de Playmobil. Su dueña es una empresa germana de solera, nacida en el XIX. En España fabrican sus muñequitos de plástico en Alicante y allí los etiquetan en castellano, pues venden por todo el país. Stop. Levantemos la estelada del agravio. ¿Cómo osan vender sus clicks en Cataluña sin etiquetarlos en el preceptivo catalán? La Generalitat ha movilizado a su policía lingüística y anuncia una multa de hasta cien mil euros a la compañía. El fabricante alemán, lógicamente, flipa. ¿En qué nación del mundo no basta con etiquetar un artículo en el idioma oficial del Estado?

Pero estamos en la España de Sánchez, donde por ejemplo, la administradora provisional-perpetua de RTVE, la gran Rosa María Mateo, festejó ayer como una proeza que una televisión pública cuya única razón de ser es defender a España, su cultura y su unidad pasará a emitir cuatro veces más en catalán, en detrimento del castellano. Mateo explicó que así los catalanes sentirán TVE como propia, dando pábulo a la impostura de que el idioma más hablado en Cataluña, el español, es algo ajeno a esa comunidad. En paralelo, la ministra Celaá anunciaba su intención de imponer una nueva ley de Educación –¡con 84 diputados!– en la que se dará luz verde para poder exterminar el español en las aulas. Spain. Bienvenidos al manicomio.