La complicada legislatura de Mariano Rajoy se topó ayer con un nuevo muro de problemas tras la decisión de PSOE, Podemos y Ciudadanos de acordar una investigación parlamentaria sin límites de su presunta financiación ilegal. La comisión creada en el Congreso, a la que el PP se comprometió con Ciudadanos, escudriñará en toda la historia del PP sin freno alguno en el número o la identidad de los comparecientes, la solicitud de documentación o las administraciones cuyas adjudicaciones estén en entredicho.
El partido de Albert Rivera ha forjado una alianza con PSOE y Podemos para investigar la corrupción del PP sin ningún tipo de cortapisas, con más de un centenar de declaraciones y todo el tiempo por delante que los tres grupos acuerden.
El PP anunció ayer que emprenderá acciones legales ante el Tribunal Constitucional porque sólo pretenden «dañar» al partido y «utilizar las instituciones para sacar provecho político».
Después de que la comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP –propuesta conjuntamente por PSOE, Ciudadanos y Podemos– arrancara de forma un tanto heterodoxa, con los socialistas inmersos en las primarias para elegir secretario general y cada grupo defendiendo su propio plan de trabajo, los tres partidos de la oposición se reunieron ayer para hacer un frente común ante los populares. Tanto es así, que las tres formaciones llegaron ayer por la tarde a la reunión de la Mesa y los portavoces de la comisión con un acuerdo previo ya cerrado.
Todos aceptaban las listas de comparecientes presentadas por el resto y el alcance sin límites de la investigación. El PSOE renunciaba a su pretensión inicial de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fuera el primero en declarar, y se avenía a que pueda testificar en cualquier otro momento (Cs y Podemos plantean que sea el último).
Salvada esta discrepancia, los partidos de la oposición avanzaron incluso en la lista de los primeros nombres que la comisión llamará. Será, según el pacto alcanzado, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y, a continuación, el resto de personas que han ostentado este cargo: Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y la actual tesorera, Carmen Navarro. Estas declaraciones podrían celebrarse la última semana de junio o la primera quincena de julio. Como el periodo de sesiones acaba este mes ya se ha solicitado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que julio sea hábil para continuar con los trabajos. La comisión dispone de un plazo inicial de seis meses para realizar la investigación, pero es posible prorrogarlo después.
Este horizonte supone una nueva derivada en el incierto discurrir de la legislatura. A su minoría parlamentaria (137 diputados), la larga negociación para aprobar los Presupuestos y las cesiones que ha tenido que hacer a Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, el PP y el Gobierno suman ahora una investigación en canal de sus finanzas. Los populares no escondían ayer su pesadumbre por este hecho que, reconocen, «va a marcar la legislatura».
Este hito provoca además como efecto colateral una nueva crisis con Ciudadanos, su socio prioritario. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reconoció ayer que la alianza de Cs con el PSOE es «muy mala señal».
De forma paralela, los populares pusieron ayer en marcha en el Senado una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos, concebida como contrapeso a la impulsada en el Congreso sólo sobre el PP. Los populares en distintas ocasiones, han defendido que es de recibo investigar las conexiones de Podemos con Venezuela o el caso de los ERE en Andalucía que afecta al PSOE. Ayer Maíllo aludió también a las irregularidades en las cuentas de Ciudadanos en Murcia y La Rioja.
La formación naranja, lejos de amilanarse, defendió la enorme distancia que le separa del PP en los asuntos de corrupción. «Poner a Cs al nivel del PP en regeneración es absurdo, estamos a años luz», aseguró su portavoz, Toni Cantó.
Frente a esta entente, Maíllo defendió como pudo la voluntad de colaboración del PP, pero insistió en la idea de que la comisión tiene que delimitar el alcance de la investigación. Esta es su batalla desde el principio. Sobre esta premisa y con una reciente sentencia que defiende esta tesis, a propósito de una comisión en el Ayuntamiento de Madrid, recurrirán al Tribunal Constitucional.
Hoy, en la reunión formal de la comisión, quedará aprobado el plan de trabajo. El primer paso de los populares será recurrir a la Mesa del Congreso, pero su petición no será atendida por la suma de PSOE, Cs y Podemos. El segundo, el recurso al Constitucional. Pese a ello, el PP no tiene garantizado que la comisión se vaya a paralizar. Políticamente sólo les queda la opción de alimentar su comisión en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.
El PSOE sostuvo ayer que los anuncios de recursos del PP son «maniobras dilatorias». Según explicó su portavoz, Soraya Rodríguez, no se debe regular el alcance de la investigación porque el Pleno de la Cámara tampoco lo hizo cuando lo aprobó. Rodríguez destacó que si el PP acude a los tribunales lo hará «contra un acto propio», ya que, recordó, ellos votaron a favor de la creación de la comisión. Sin objeto.