NICOLÁS REDONDO TERREROS-EL MUNDO

El autor se muestra pesimista sobre la situación política tras la reunión de Sánchez y Torra. Lamenta que por primera vez se haya escenificado que la Carta Magna es, en vez de marco de convivencia, un inconveniente.

PODEMOS concluir, por muy diversas razones, que en estos 20 y 21 de diciembre ha finalizado un periodo político. Las reuniones del Gobierno de España con los representantes de la Generalitat catalana establecen la culminación de una forma muy característica de ver la política en general y enfrentar los conflictos sociales de envergadura desde el inicio de la Transición. Podemos volcarnos en descalificaciones hacia el comportamiento de Pedro Sánchez ante los desaires y las ofensas de los independentistas catalanes hacia él, pero él solamente es la expresión máxima, extravagante en otros lares, de una tendencia muy acusada de la clase política española. Los políticos españoles se han comportado con los nacionalistas como exige el salmo bíblico que se comporten los pecadores: «Oh Dios mío, purifícame de los pecados que ignoro…», siempre dispuestos a ceder por cualquier causa, revestida en unas ocasiones de responsabilidad y en otras de satisfacción de no sabemos qué derechos de naturaleza más indiscutible que la propia Ley de leyes.

No dudo que hubo en los primeros tiempos una recta voluntad de integración de los nacionalistas en el engranaje del nuevo sistema, pero pronto los políticos pasaron al oportunismo o a la penitencia por pecados propios de ese ente que sirve para dar, para agraviar, para insultar, para redimirse, que se llama España. Pero a los nacionalistas nada les contentó, nada les satisfizo; acomodados en una compleja y no discutida superioridad moral, no sé bien por qué agravios aceptados sin rechistar durante demasiado tiempo, han exigido y se han impuesto a los Gobiernos sucesivos, amordazando a la vez a sus respectivas sociedades, uniformándolas con una cosmovisión retrógrada, tribal y asfixiante.

En la relación de la derecha española con los nacionalistas, la necesidad y una evidente e injusta carencia de legitimidad política les convirtió en oportunistas. En la izquierda hubo un momento, cada cual puede fecharlo cuando quiera, en el que el pacto con los adversarios nacionalistas se transformó en la asunción acrítica de una gran parte de su discurso; hoy no vemos más que diferencias de grado entre los nacionalistas independentistas y la izquierda. En un proceso degenerativo, la izquierda española pasó de lo universal a lo local, de la nación, entendida como la unión entre el pueblo y la soberanía, a la nación peculiar, inmutable e inexpresable para los extraños, de la razón al sentimentalismo más peligroso.

A unos y a otros les atrapó una confusión originada en nuestra historia reciente. Confundieron frecuentemente la autoridad del Estado democrático con un Estado autoritario. De este equívoco han venido saliendo con una invocación universal y omnímoda al «diálogo»; llamamiento que esconde a partes iguales complejos intelectuales y cobardía moral, y que muestra un gran desconocimiento de la esencia del Estado: el diálogo le complementa pero su acción es imperativa, está basada en la fuerza legítima que le trasladamos voluntariamente los ciudadanos. Sólo desde ese trágico equívoco se entiende la aplicación timorata del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Rajoy. Y, como siempre sucede cuando no se actúa a tiempo, cuando se hace de manera acomplejada, cuando se actúa casi pidiendo perdón, los resultados suelen quedar muy lejos de la satisfacción.

Durante muchos de los últimos 40 años esta dinámica política es la que ha prevalecido, un tanto cómica cuando la sagacidad aldeana de los nacionalistas vascos sigue ofreciendo fidelidad al Gobierno de turno, ¡claro que sólo mientras éste satisface sus pretensiones! Han sido capaces de hacer creer a todos los Gobiernos que son su verdadero amor, llegando a apoyar los Presupuestos de Rajoy para después sumarse a la moción de censura en su contra sin que hubiera pasado una semana, y todo ese ejercicio de escapismo moral en el escaparate de España entera. Lo que a otros habría costado desgarros y fracturas internas, a los nacionalistas vascos no les ha provocado el mínimo sonrojo, manteniendo impertérritos que son de fiar y que para ellos con un apretón de manos es suficiente. Por su parte, los nacionalistas catalanes han tenido un comportamiento en esencia parecido, haciendo sentir a los políticos españoles una inferioridad permanente, aparentando durante estos 40 años que todas las trasferencias de competencias, todos los esfuerzos colectivos de los españoles para hacer de Barcelona una ciudad internacional llegaban tarde; han recibido todo como si fuera su derecho y nuestra obligación. Desde hace un tiempo, cuando un análisis equivocado de las fuerzas del Estado les hizo creer que podían quedarse con todo y marcharse de la casa común, el minué independentista mostró su cara violenta… ¡Porque violenta fue la aprobación de las leyes de desconexión! ¡Porque violenta fue la realización de un referéndum autoritario, ilegal e unilateral! ¡Porque violenta es y lo ha sido durante 40 años la imposición a troquel de su visión de Cataluña a todos los catalanes, aunque no nos hayamos atrevido a denunciarlo!

Pero la Historia ha dejado escrito que todo puede empeorar y lo menos imaginable es posible. Dije cuando escribí sobre la moción de censura que encumbró a Sánchez, y creo que se ha confirmado con los meses, que el país se encamina irremediablemente a una política de bloques, iniciada por los socios de la moción de censura. El primer efecto lo han sufrido los hábitos que la política había creado desde la Transición: los líderes huían de la política de bloques que había dominado la II República y que todos sabemos cómo terminó. El segundo efecto es que el Gobierno no puede zafarse de una política condicionada inexcusablemente por sus aliados. Y el tercero es que en el momento de encarar los grandes problemas de la nación primará el interés ideológico y hasta el personal. En ese ambiente los acuerdos transversales no serán posibles los próximos años y la política estará sacudida por grandes vaivenes, sin estabilidad y dominando todo el espacio público los intereses nacionalistas, los objetivos ideológicos más extremos y, por desgracia, el pasado.

Analicemos las cuestiones por partes. Después de grandes catástrofes sociales suelen aparecer tiempos más humanitarios, de armonía. Así, pasadas las casi cuatro décadas oscura dictadura franquista, se abrió un tiempo de concordia en el que casi todos los actores políticos cedieron para generar un espacio común amplio en el que se pudiera desenvolver la mayoría de la sociedad española. En la Transición influyó más la Historia que los poderes fácticos, más la voluntad de no repetir errores que manos siniestras y oscuras con poder para dirigir el destino de la sociedad española, como les gusta interpretar a los espíritus simples y amantes de las conspiraciones. Esa voluntad de moderación y acuerdo entre diferentes fue debilitada por los designios de los políticos nacionalistas que fueron aceptados con gusto por el Gobierno de Zapatero; y hoy, después de la moción de censura, esa apuesta de dimensiones históricas parece gravemente herida.

UN BUEN ejemplo de todos estos aspectos negativos de la política española lo estamos viendo estos días cuando el Gobierno de la nación práctica una negociación oscura y a trompicones con los independentistas para celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Todo el descoyuntado proceso de intrigas entre ministros y consejeros de la Generalitat han transformado un acto de normal autoridad, propio de cualquier Gobierno que se tenga por tal, en un teatro que más que cómico ha resultado triste y humillante. Los independentistas a principios de semana ya habían creado el marco de la reunión: por una parte, aprobaron una declaración que rechazaba la Constitución del 78 por ¡antidemocrática! y ¡antisocial!; por otra, tenían asegurado el nivel suficiente de perturbación social para dejar claro que el Gobierno de España no era bien recibido en Cataluña; y, como el barro que menoscabe al Gobierno de España no les va mal, anunciaron el día anterior que aprobarían el techo de gasto al Gobierno socialista como haciéndole un favor o un pago por concesiones indeterminadas.

La realidad se agrava cuando en ese contexto, distinto al de Andalucía o Extremadura, el comunicado de los dos Ejecutivos, que ya en sí mismo les sitúa en un plano de igualdad, acepta la existencia de un conflicto sin mencionar el único cauce para solucionar ese o cualquier otro conflicto: la Constitución. Por primera vez desde su aprobación, se reconoce por omisión que la Carta Magna, lejos de ser el marco y poseer los mecanismos para la solución de esta clase de conflictos, es un inconveniente.

Creo que hoy estamos más lejos de la independencia de Cataluña que hace un año, fundamentalmente porque el Estado es más fuerte de lo que creyeron los nacionalistas y nosotros mismos. Pero estamos peligrosamente más cerca de abrir desordenadamente una reforma constitucional que puede llevar a la superación del sistema del 78. En este nuevo objetivo táctico –tal vez a él se deban algunas de las fisuras del movimiento capitaneado por Puigdemont y Junqueras–, los independentistas encontrarán socios voluntarios y conscientes; por desgracia, a esa marea de irresponsables pueden sumarse también los cándidos que prefieren la aventura de un proceso político irreflexivo a la necesidad de plantar cara política e ideológica al nacionalismo.