Cuatro familiares de asesinados por ETA, en busca de autor: “Nunca sabremos la verdad”

EL CONFIDENCIAL 07/04/17

· Familiares de cuatro víctimas de ETA cuyos asesinatos están sin resolver se confiesan ante el “circo” del sábado: no creen que las armas contribuyan a esclarecer crímenes y advierten de concesiones

Si se hace caso a lo anunciado por las personas que se encargan de mediar en el proceso de desarme de ETA, y que se autoproclaman como “artesanos de la paz” con el aval de gran parte del espectro político e institucional vasco, la entrega de la geolocalización de los zulos se producirá este sábado 8 de abril. La cercanía de la fecha no ha despejado las incógnitas del cómo, dónde y a quién se facilitará esta información. También están los interrogantes ‘a posteriori’, a los que es difícil dar respuesta, caso de si ETA entregará todas las armas que obran en su poder, algo que tratará de clarificar el proceso de verificación del arsenal. Son muchos los enigmas que visten de incertidumbre el anunciado desarme. Pero entre todas las dudas, hay una gran certeza: ETA podrá entregar las armas, pero conservará un arsenal de más de 320 asesinatos sin resolver.

Hay pocas esperanzas de que las armas ‘canten’. La entrega del armamento terrorista abre la puerta a poner rostro a asesinatos que permanecen impunes, pero el sentimiento general es de escepticismo. Se considera que los terroristas ya se habrán cuidado mucho de cerrar esta puerta a cal y canto. “No van a entregar armas que impliquen a nadie con una responsabilidad penal”, resume, con seguridad, el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez. Lo mismo piensa el Ministerio de Interior, que no cree que ETA vaya a entregar material terrorista que apunte a la identidad de sus pistoleros y dé pie a nuevas investigaciones policiales y judiciales.

A expensas de comprobar si las armas dicen algo, quienes hablan, y en voz alta, son familiares de víctimas de ETA cuyos asesinatos están todavía pendientes de autoría. Las palabras de denuncia son sus armas. El Confidencial ha recogido el sentir de cuatro de estos familiares que, a día de hoy, siguen sin contar con nombres o apellidos de los asesinos. Ante todo, hay un sentir unánime: la jornada organizada este sábado en Baiona por los mediadores para dar la bienvenida al desarme, que culminará con una concentración que se busca masiva, no deja de ser un “circo” o un “teatro” para dar “propaganda” a la banda terrorista y tratar de lograr su “impunidad”. Según alertan, aún hay muchas y trascendentales batallas en juego: la del relato, la de las posibles contrapartidas, en especial los beneficios a los presos de la banda terrorista, la de la impunidad, la de la persistencia del discurso del odio, la de la falsificación de la historia…

“El verdadero desarme es el de la conciencia”
El 13 de marzo de 1976, ETA asesinó en Getaria (Guipúzcoa) a Manuel Albizu cuando conducía su taxi, bajo el veredicto etarra de confidente de la Policía. Cuatro décadas después, su familia no solo sigue preguntándose por sus asesinos sino también por el motivo. Para encontrar un porqué, sus hijos no dudaron en cruzar al sur de Francia para contactar con gente cercana a la banda terrorista. Pero la búsqueda de una explicación concluyó al recibir en el domicilio un anónimo amenazante con la firma implícita de ETA, sabedora de sus pasos: “O dejáis de indagar o ateneros a las consecuencias”, vino a decir. Y hasta ahora. Además, nunca hay un porqué con ETA de protagonista. “Ya ellos se dedican a ponerte las etiquetas y con ellas te quedas”, señaló una de sus hijas en el documental ‘Voces sin libertad’ (2004), de Iñaki Arteta, el cineasta vetado por el nacionalismo.

El desarme se hace porque previamente ha habido un pacto o porque posteriormente va a haber algo: ETA nunca mueve ficha a cambio de nada

Su asesinato quedó impune por la amnistía de 1977. No hay nada por lo que pelear judicialmente, pero sus allegados también han tirado la toalla en el combate para poner rostro a su asesino. “Las familias que tenemos víctimas entre los setenta y noventa hemos perdido toda la esperanza”, afirma Cristian Matías, nieto de Manuel. Él ya se ha hecho a la idea de que “nunca” sabrá “la verdad”. Solo conoce a través de informaciones periodísticas (nunca han tenido acceso ni al sumario ni a las diligencias) que en el asesinato de su abuelo participó Pedro María Leguina, alias ‘Kepatxa’, que fue detenido en 1999 en el aeropuerto de País cuando regresaba a filas desde México y que en la actualidad cumple condena en Zuera (Zaragoza) por el asesinato de tres guardias civiles en Azpeitia en 1978. Pero “no hay nada” que certifique o avale su implicación. Ahora, Matías espera que, al menos, las familias de víctimas más recientes puedan “tirar del hilo” con las armas que piensa entregar ETA. “Ojala”, implora.

Dice que “quiere pensar” que no habrá contrapartidas tras el desarme. Pero a renglón seguido se corrige a sí mismo. “Las contrapartidas ya están dadas y todo está negociado desde hace tiempo”, asevera. Lo dice por “el goteo constante” de excarcelaciones de etarras antes del cumplimiento de sus penas íntegras (la última, Mercedes Chivite, que fue recibida con honores en su pueblo, Ansoain) o los beneficios penitenciarios otorgados a etarras sanguinarios como Txapote, entre otras medidas. “No hay más que verlo”, enfatiza. ¿Será la siguiente medida ver el acercamiento de los presos a cárceles de Euskadi? “El desarme se hace o bien porque previamente ha habido un pacto o bien porque posteriormente va a haber algo. ETA nunca mueve ficha a cambio de nada. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará”, responde. De momento, los mediadores civiles que lideran el proceso de desarme de ETA en su nombre ya han celebrado que los gobiernos español y francés “no vayan a obstaculizar” la entrega de armas.

Matías no solo desconfía de lo anunciado por ETA y del acto del sábado. Es más, le irrita que esta “pantomima” cuente con el aval de partidos e instituciones como el Gobierno vasco, cuando se trata de “un acto más de propaganda terrorista”. “Todo lo que hace ETA lo hace en su propio beneficio y no en el de la sociedad”, sostiene. Por ello, es claro: “El verdadero desarme que tiene que hacer ETA es el de conciencia: disolverse, decir la verdad, colaborar con la Justicia para esclarecer todos los asesinatos y arrepentirse”.

“Ni acercar presos ni reducir condenas”
A punto de cumplir la mayoría de edad, Iñigo Pascual acompañaba a su padre, Ángel Pascual, un ingeniero de Iberduero, en el coche cuando llegó la interminable ráfaga. Nunca olvidará cómo aquel 5 de mayo de 1982 unos “miserables y cobardes” terroristas acribillaron (se encontraron 35 casquillos de balas parabellum) y “remataron” a su progenitor (él resultó herido). Nunca ha tenido reparación ni la tendrá a nivel judicial. “Si no he mirado mal, la última información que tiene el sumario es de abril de 1995, por lo que prescribió en 2015”, apunta. Al menos puede contar con el consuelo (si se puede hablar de consuelo) de haber tenido acceso a la información relativa al atentado hace “unos pocos años”. Porque Iñigo creció sin saber nada del asesinato de su padre. Este vacío lo ha podido cubrir gracias a la labor que realizan las asociaciones de víctimas del terrorismo y el Memorial de Víctimas para recuperar sumarios. Otras víctimas no han tenido este consuelo. Solo así ha podido saber que se siguieron varias líneas de investigación, surgieron algunos nombres, aunque nada de nada.

Con cada asesinato, Pascual sentía que se le “abrían las viejas heridas”. Por ello, como víctima, se “alegra” de la “disposición” de ETA a entregar las armas. Ahora bien, emana sangre de la profunda herida con “el circo montado” para este sábado. “¿Por qué hacen falta ahora mediadores? ¿Por qué tenemos que asistir a un circo para la entrega? Lo único que tiene que hacer ETA es señalar las coordenadas de los zulos y que la policía vaya. No hace falta más. Lo demás es todo un teatro para su propaganda”, censura.

¿Por qué hacen falta ahora mediadores? ¿Por qué tenemos que asistir a un circo para la entrega? Es todo un teatro para la propaganda de ETA

Quien fuera alcalde de la localidad navarra de Sartaguda entre 2003 y 2007 por UPN no alberga muchas esperanzas de que las armas que pueda entregar ETA contribuyan a rebajar la larga lista de asesinatos sin resolver. “Ya veremos en qué estado están”, indica. Con el desarme, cree que la banda terrorista está diciendo a gritos “ahora me tenéis que compensar”. No quiere ni pensar en la posibilidad de las contrapartidas, y tiene muy claro que ni se debe acercar a los presos ni reducir las condenas de los encarcelados (algunas, por cierto, “no muy duras”). Está muy presente el “sufrimiento” padecido con cada salida de un etarra de la cárcel y con cada homenaje en su pueblo de origen. Su hoja de ruta a seguir tras el 8 de abril tiene como paradas la desaparición de ETA, la colaboración de los etarras con la Justicia para esclarecer los crímenes sin autoría, seguir persiguiendo los delitos impunes, restablecer las ayudas a las víctimas y deslegitimar el proyecto político de ETA, porque “aún existe ese poso de miedo en la ciudadanía y esa propaganda terrorista de los violentos”.

Pascual fue uno de los cuatro miembros de la asociación de víctimas del País Vasco, Covite, que en octubre hiciron frente en Alsasua a los participantes en la manifestación convocada en contra de la Guardia Civil a raíz de la agresión a dos agentes de este cuerpo, por la que fueron detenidos varios jóvenes del municipio entre la lluvia de insultos y amenazas. ‘No nos dais miedo. Sin pistolas no sois nada’, era el lema que alzaba en un cartel entre los gritos de “fascista”, “asqueroso”, “asesino” o “perro” de los radicales. Lo vivido en esta localidad navarra demuestra que “aún falta mucho” para construir un relato basado en “la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia”. Ahora, Baiona será un nuevo ejemplo de la pretensión de ETA y su entorno de “falsificar” el relato, porque no duda de que a los asesinos se les presentará como “gudaris’ o salvapatrias”.

“Han negociado para salir como héroes”
Al igual que Pascual, Concepción Fernández estuvo en Alsasua. ‘Guardia Civil seguid aquí porque os queremos, porque os necesitamos’, gritó con las letras de un cartel en alto. No era la primera vez que regresaba al pueblo del que fue desterrada en 1980 tras el asesinato de su marido, el joven guardia civil Aurelio Prieto. Dos años antes, en 2014, se había vuelto a encontrar con sus orígenes para, junto a otros dos miembros de Covite, plantar cara a los 150 terroristas huidos sin causas pendientes que se habían reunido en la Casa de Cultura para plantear exigencias al Gobierno español. El arma con la que acudía era un listado con todos los asesinatos sin resolver, entre ellos el de su marido, que entregó a los asistentes entre miradas amenazantes.

Este jueves se ha desplazado desde Zaragoza a San Sebastián para participar en el acto de presentación del manifiesto ‘Por un fin de ETA sin impunidad’, suscrito por más de un centenar de intelectuales y víctimas del terrorismo, para ganar la victoria del relato ante una entrega de armas “mediática y propagandística” que persigue “blanquear” a los asesinos. El documento, que ha reunido más de 4.500 firmas en menos de 48 horas, advierte de que la política penitenciaria “no debe convertirse en una política de gracia”, como la excarcelación anticipada de presos, la “aplicación laxa de la progresión de grados u el acercamiento a prisiones de Euskadi”, ya que “supondría una forma de impunidad”. Ante esta posibilidad, Fernández eleva la voz. Habla desde el “dolor”. Se siente “frustrada”, ya que no duda de que “ha habido negociaciones” con los terroristas desde que decretaran el fin de la violencia hace ahora más de cinco años. Negociaciones con los gobiernos español y vasco, con el nacionalismo… “Todo es una farsa. Podían haber entregado las armas hace mucho tiempo, pero todo este tiempo han estado negociando para tener su salida como héroes”, denuncia.

Todo es una farsa. Podían haber entregado las armas hace mucho tiempo, pero han estado negociando para tener su salida como héroes

También exhibe pesimismo sobre la posibilidad de que las armas que entregue ETA puedan esclarecer crímenes sin resolver. “Si las entregan, seguro que las dan troqueladas o lavadas con lejía”, expone. En su caso, no necesita que las armas hablen porque tiene grabados a fuego en su memoria los nombres y dos apellidos de los asesinos de su marido: Eugenio Barrutiabengoa Zabarte y Jesús Ricardo Arteaga Repullés. Lo que ella requiere es justicia. Los dos etarras viven protegidos en Venezuela desde que fueron deportados por Francia a mediados de los ochenta. Y no se da por vencida en la lucha por sentarlos en el banquillo de los acusados. De momento, ha evitado que el caso prescriba, al lograr que se dicte una nueva orden de extradición para los dos etarras, a quienes se les achacan al menos seis asesinatos. “Igual me muero antes de verles la cara, pero no pienso dejar de luchar”, afirma. “Es muy duro saber quiénes son los asesinos de tu marido y que no se haya hecho nada para que paguen por el crimen”, censura.

Está “acostumbrada” a los “paripés” de ETA y su entorno, pero esto no evita que se le revuelvan las tripas por el acto de Baiona, que califica de “romería”. Pero más allá de “circos y fiestas”, advierte del fondo de la cuestión: “Se quiere blanquear a los asesinos y hacer borrón y cuenta nueva”.

“Nunca podré olvidar ni perdonar”
El optimismo que puedan albergar las víctimas no descansa en las armas de ETA sino en la actuación judicial. Y a este respecto, la Audiencia Nacional acaba de abrir una puerta a la esperanza al reabrir recientemente el sumario del asesinato del guardia civil Antonio Ramírez, de 24 años, y su novia Hortensia González, de 20, conocidos como ‘los novios de Cádiz’, que fueron ametrallados a la salida de una discoteca en Beasain la noche de Reyes de 1979. Es el primer logro que ha obtenido la Fundación Villacisneros con el Proyecto Dignidad para impulsar la reapertura de sumarios, tanto prescritos como sobreseídos, y promover su resolución junto al despacho de abogados Milans del Bosch.

Mientras viva, el recuerdo de mi hermana siempre estará presente en casa. No hay nada que celebrar

Aurora González se niega a retirar de su casa las fotografías de su hermana Hortensia. Las recomendaciones médicas para silenciar las imágenes nunca surtieron efecto. “Mientras viva, el recuerdo de mi hermana siempre estará presente en casa”, afirma. Ahora tiene 62 años. Muy atrás ha quedado aquella inocencia que se quebró a los 24 años con el asesinato de su hermana. “Nunca podré olvidar ni perdonar”, sostiene.

El no poner nombre a los asesinos le “duele en lo más profundo del corazón”. Su madre murió con la “pena” de no saber quiénes fueron los autores y ella aún alberga “un punto de esperanza” de conocer en vida sus nombres. Sabe que como ella hay más de 300 familias en su misma situación. Por ello, solo pide que el desarme de ETA contribuya a sacar del dolor a algunas familias. Sin beneficios y sin concesiones. “No hay nada que celebrar”, dice.