Debilidad desconcertante del Gobierno

La situación política española comienza a ser más que alarmante debido a varios factores, todos ellos relacionados entre sí.

En primer lugar, desde la sesión en que el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de referéndum y de fundación de un nuevo Estado catalán, ambas suspendidas por el Tribunal Constitucional a la espera de su obvia declaración de nulidad, las autoridades de aquella comunidad no acatan la legislación vigente y la desafían día tras día de forma manifiesta, pública y ostentosa. Su actitud equivale a la de un golpe de Estado continuado, anunciado con más de 18 meses de antelación, sin que de momento nadie les impida seguir llevándolo a cabo.

En segundo lugar, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de múltiples declaraciones incomprensibles y contradictorias en su confuso estilo habitual, ha decidido apoyar a los independentistas de la antigua Convergència (hoy PDeCAT), ERC y la CUP en la celebración del referéndum inconstitucional del 1 de octubre. Ella sostiene que el referéndum no es una votación sino una movilización: esperemos que al disponerse a depositar su voto, en el caso de que encuentre el colegio electoral que le corresponde, no vaya a introducir en la urna una pancarta en lugar de una papeleta.

En tercer lugar, y todo va encajando, tal como acordaron durante una reciente cena en el domicilio del empresario Jaume Roures, se ha materializado ya el pacto entre los independentistas de ERC y la CUP con Podemos, y están organizando actos conjuntos. En otras palabras, se ha creado un frente político, de ámbito español, en el que confluyen las dos corrientes del populismo: la catalana independentista y la extrema izquierda española. ¿Contradictorio? En absoluto. Ambas corrientes son antiestablishment: pretenden desestabilizar el sistema político, lo que ellos llaman “régimen del 78”, e iniciar un nuevo proceso constituyente que otorgue la independencia a Cataluña y cambie la democracia española por otra de carácter distinto, a semejanza de ciertos países latinoamericanos. Así el problema ya no está solo centrado en Cataluña sino que se extiende a toda España.

Ante todo ello, el Gobierno de Mariano Rajoy da muestras de una desconcertante debilidad. Hasta ahora ha mandado a fiscales y jueces para que le resuelvan los problemas, sin asumir su responsabilidad con procedimientos políticos (artículos 155 y 116 de la Constitución) y un discurso en positivo, pedagógico y comprensible para los ciudadanos, sobre las ventajas de seguir unidos y los fatales riesgos de cambiar nuestro modelo democrático.

Le quedan 10 días para demostrar que la Constitución sigue vigente en todo el territorio español y que España no es un Estado fallido. Rajoy hasta hoy es considerado prudente pero se arriesga a que en el futuro se le considere patético.