Javier Tajadura-EL CORREO
Aunque parezca utópico, la única salida para dar estabilidad al país es un Gobierno de concentración PSOE-PP, que permita abordar la sentencia del ‘procés’ y otros retos pendientes
Tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, el Rey ha decidido dar un tiempo a los partidos para entablar negociaciones tendentes a la formación de una mayoría de gobierno. En el momento actual carecía de sentido que el jefe del Estado iniciase una nueva ronda de consultas con los representantes de las distintas fuerzas políticas. En junio, estos acudieron a las consultas regias sin haber cumplido su tarea: facilitar al Rey el nombre de un candidato con posibilidades de ser investido. En esa situación, el Monarca cumplió escrupulosamente con lo previsto en el artículo 99 de la Constituciçon al proponer el 6 de junio a Pedro Sánchez como candidato. En otro caso no se hubiera podido superar la situación de parálisis provocada por la irresponsabilidad de los principales partidos. Felipe VI era consciente de la altísima probabilidad que existía de que la investidura resultara fallida puesto que Sánchez no contaba con más apoyos que los de su partido. Pero al menos así, en el caso de que este fuera rechazado, empezaba a correr el plazo de dos meses para la repetición de elecciones.
El sistema está basado en el presupuesto de que el designado por el Rey no puede rechazar su nombramiento como candidato porque, si se admite que se puede declinar el ofrecimiento, además de erosionar la autoridad regia, en el supuesto de que nadie quisiera pasar por el trance de ser rechazado por el Congreso podría producirse una situación de bloqueo indefinido. Sánchez demostró su lealtad a la Corona y al sistema aceptando el nombramiento regio. De esta forma cumplió una obligación constitucional, pero lo hizo solo formalmente, no materialmente. Cumplió su obligación como candidato de presentar un programa al Congreso, pero lo hizo como una formalidad, a sabiendas de que sería rechazado.
El compromiso que el candidato adquiere con el Rey es el de intentar forjar una mayoría de gobierno en torno a un programa común, y eso es algo que Sánchez no se planteó. Para la formación de una mayoría parlamentaria estable, el PSOE requiere necesariamente de los votos de PP o de Ciudadanos, y hasta ahora ningún esfuerzo se ha hecho por lograrlos mediante ofertas programáticas. A esto no cabe objetar que se intentó negociar un Gobierno de coalición con Podemos. Al margen de la penosa escenificación del reparto de ministerios, es muy difícil imaginar la conformación de un Gobierno de coalición estable entre PSOE y Podemos. Básicamente por tres razones.
La primera es aritmética: no suman el número suficiente de diputados para garantizar el desarrollo de un programa legislativo y la aprobación anual de los Presupuestos. La segunda es que entre ambos existen diferencias radicales sobre cuestiones fundamentales: la suspensión de los diputados presos, la aplicación del artículo 155, el Pacto de Toledo… En las votaciones más decisivas de los últimos años sobre estos temas, PSOE, PP y Cs han coincidido frente a Podemos. La tercera es que una coalición tal integrada por ministros socialistas y de un partido situado a su izquierda es inconcebible en Europa. Cierto es que en varios países, desde Portugal hasta Suecia pasando por Dinamarca, fuerzas de izquierda sostienen a gobiernos socialistas, pero en ningún caso cuentan con ministros en ellos. No hay ningún Gobierno de coalición entre socialistas y fuerzas a su izquierda. Sí los hay, y muchos, entre socialistas, liberales y conservadores. A modo de ejemplo significativo conviene recordar que, en tres de las cuatro últimas elecciones ganadas por Merkel, los socialdemócratas alemanes podían haber forjado un Ejecutivo con fuerzas a su izquierda, pero ni se lo plantearon. Por el contrario, por dos veces optaron por gobernar con los cristianodemócratas.
En este contexto, la no investidura obliga a afrontar la realidad de que sólo existen dos fórmulas para articular una mayoría estable y evitar elecciones (ya sea en otoño por disolución automática o en primavera por rechazo de los Presupuestos de Sánchez). La fórmula lógica era la formación de un Gobierno de coalición entre socialistas y Ciudadanos (180 diputados), pero con su actual dirección parece muy complicado. La otra sería la gran coalición según el modelo alemán, con la que PSOE y PP sumarían 189 diputados. Aunque pueda parecer utópica, esta es la que permitiría verdaderamente estabilizar el país. Las razones objetivas por las que España requiere un gobierno de gran coalición son numerosas. Baste señalar las más evidentes: el desafío catalán que pone en cuestión la unidad del Estado por sí solo hubiera determinado en cualquier país la formación de un Gobierno de concentración y en otoño se dictará la sentencia contra los golpistas; la amenaza de un Brexit con consecuencias muy negativas para todos en un contexto geopolítico internacional muy complicado; y, sobre todo, la necesidad de afrontar una serie de reformas en relaciones laborales, fiscalidad, pensiones, energía, educación, etc. que para ser eficaces deben ser sostenibles en el tiempo.
En 2016 Rajoy ofreció a Sánchez un Gobierno de coalición. Hoy ese Gobierno es aún más necesario que entonces. Su alumbramiento exigiría abandonar el frentismo y la extrema polarización de nuestra vida política y «ensanchar el espacio central de la moderación» al que apelaba Pablo Casado en su último discurso en el Congreso.