ABC 08/04/16
EDITORIAL
ANA Moreno es una madre de familia que en su día se acogió al derecho constitucional que le asiste para que sus hijos fueran escolarizados en castellano en Lérida. Ayer acudió al Parlamento europeo a narrar el linchamiento del que ha sido víctima su familia por exigir nada más que lo que la ley y los tribunales le autorizan. El de Ana Moreno es uno de tantos casos sangrantes que obligan a preguntarse si realmente existe libertad en Cataluña cuando un derecho esencial como recibir educación primaria en la lengua oficial del Estado se persigue más que a la mafia corrupta del 3% o más que la manipulación de la historia al servicio de la secesión. Se trata de una elemental cuestión de libertad que Convergència, ERC o la CUP desprecian con su imposición del pensamiento único, su odio a «lo español», su afán de amenaza y castigo al disidente o la estigmatización de quien no pase por el aro del adoctrinamiento irracional. No es admisible que ante hechos que vulneran libertades se mire hacia otro lado y se consienta que las autoridades catalanas perpetúen abusos intolerables.
Si una democracia permite boicotear un local de fiestas infantiles porque en él organiza un cumpleaños una familia que habla castellano, si se provoca el cierre de un negocio familiar porque sus dueños no son independentistas, si se ordena a niños de cinco años que no jueguen con amigos «españolistas» o si se criminaliza a toda una familia en las redes sociales, como ha ocurrido en este caso, es que esa democracia no es sana. La sobredosis de separatismo enfermizo ha causado una grieta social alarmante en Cataluña. Sobrecogen testimonios como los de Ana Moreno porque revelan algo tan demoledor como que allí no hay libertad. O, al menos, no hay libertad plena.