A pesar de su obstinación en reiterar la intención de Sánchez de agotar la legislatura, la realidad resulta terca como ella sola. No basta únicamente con la sustancia, sino que se requiere también la circunstancia, que decía Baltasar Gracián. Y tal y como se ha podido comprobar en los actos por el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, el entorno no acompaña.
El 17-A ha sido solo el aperitivo. La cuestión catalana, más la debilidad parlamentaria en la que se encuentra el partido que sostiene al Gobierno, sumado a la deslealtad de los aliados que auparon a Pedro Sánchez a La Moncloa y a un contexto de menor euforia económica, hacen que el ‘calendario escolar’ que comienza en septiembre precipite por completo un ‘calendario electoral’ distinto al previsto inicialmente. Habrá comicios en Andalucía, probablemente en Cataluña y quién sabe si también en España.
¿Qué mejor momento para unas generales que ahora con Iglesias desaparecido, Rivera roto y un Casado perdido entre los legajos del máster?
En el entorno del presidente son conscientes de que el crédito que la opinión pública y los medios de comunicación han otorgado a Pedro Sánchez, y que le permiten orillar las críticas como agradecimiento por haber echado a Rajoy del poder, tiene fecha de caducidad. Una fecha que se acorta en el tiempo según el Gobierno va incurriendo en errores e improvisaciones tales que la gestión del relevo en RTVE, el fichaje de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por el Instituto de Empresa o el manejo de las redes sociales en Moncloa.
En cuanto el PSOE toque techo en las encuestas y los independentistas catalanes rompan oficialmente, se pondrá en marcha una corriente favorable a pulsar el botón electoral. Un día que está más próximo de lo que los portavoces gubernamentales quieren hacer ver. ¿Qué mejor momento que ahora con un Iglesias que se ha visto obligado a abandonar el liderazgo de Podemos por razones personales, con un Rivera que está roto tras la moción de censura y un Casado perdido entre trabajos y exámenes del máster?
El 17-A no ha sido sino la antesala de lo que nos deparará el nuevo curso político. Las próximas efemérides independentistas serán menos tranquilas que el aniversario de los atentados y elevarán progresivamente la tensión social y, por ende, política.
El escenario se irá inflamando según corran las fechas: leyes de referéndum y transitoriedad (6 y 7 de septiembre), Diada (11 de ese mismo mes), referéndum independentista (1 de octubre) y proclamación de la república (27). El secesionismo quiere otro ‘momento’ como los vividos entonces. Un nuevo desafío al Estado. Están buscando una excusa para romper con el Ejecutivo y convocar elecciones en el momento de mayor tensión social y emocional. Ampliar la base social. Impedir que Cs vuelva a quedar por delante.
De todos los días señalados, el 1 de octubre será la FECHA con mayúsculas. La utilizarán como arma de propaganda y movilización, rememorando las impactantes imágenes de aquel día. Ya no es la independencia. Es la represión del Estado.
El siguiente momento será en el último trimestre de este año, cuando comience el juicio en la sala de lo penal del Supremo y se sienten en el banquillo los 18 imputados del ‘procés’ que no han abandonado España. Es una de las casillas que Puigdemont tiene marcada en el calendario para convocar elecciones. Otro momento será cuando el TS dicte sentencia.
Las exigencias de Podemos para sacar adelante la senda de déficit no son del agrado ni del PP, ni de Ciudadanos… ni de un relevante núcleo del PSOE
Además de la catalana, otra de las claves que va a trastocar el calendario político en este inicio de curso va a ser la económica. El Gobierno fracasó a finales de julio en la votación para aprobar la nueva senda de déficit y el techo de gasto en el Congreso, lo que puso negro sobre blanco la fragilidad con la que los socialistas afrontan los próximos meses.
Podemos, aquí un samaritano, se ha ofrecido a echarles una mano siempre y cuando acepten una serie de exigencias -impuesto a la banca, tipo mínimo efectivo de sociedades del 15%, eliminación de las sicav, supresión de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados-, algunas de las cuales no solo no son del agrado de PP y Ciudadanos sino tampoco de un relevante núcleo del PSOE, tal y como sucede con la petición de incrementar el tipo marginal del IRPF en los tramos más altos. En concreto, a los que ganen más de 60.000 euros al año, “una exigencia inadmisible”.
Por si no fuera suficiente presión para los socialistas, Podemos se niega a apoyar los Presupuestos de 2019 si antes no se deroga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, tal y como informaba ayer Javier G. Jorrín.
En definitiva, todo son zancadillas al Gobierno. Por si fuera poco, el momento dulce de la economía de los últimos años no se va a prolongar mucho más en el tiempo. Las últimas variables apuntan a un progresivo declive: el PIB creció en el segundo trimestre al 0,6%, su menor porcentaje desde 2014; el paro deja de caer con la intensidad de los ejercicios pasados y el ritmo de las exportaciones también se frena. Ni siquiera el turismo tira igual.
Sus colaboradores más próximos destacan la resiliencia, o capacidad para salir adelante en las condiciones más adversas, como principal cualidad de Pedro Sánchez, de tal forma que cuando este expresa su determinación para agotar la legislatura es que va a llegar hasta 2020. Quienes así lo aseguran olvidan, o quieren olvidar, otra característica del presidente del Gobierno tan constante como la anterior, que es la de la ductilidad, o capacidad para ir cambiando de opinión según uno va comprobando por dónde sopla el viento.