Despolitizar la Justicia, un asunto urgente

EL MUNDO 27/08/16
EDITORIAL

LA GENERALITAT valenciana y el Partido Socialista anunciaron ayer que se opondrán a la designación de dos de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que juzgarán una de las tramas valencianas del caso Gürtel: las irregularidades en los contratos para la retransmisión de la visita de Benedicto XVI en 2006. Se trata de Enrique López y Concepción Espejel, dos nombres bien conocidos en el mundo de la judicatura que en los últimos meses han sido objeto de recusación en varias causas relacionadas con la red de corrupción liderada por Francisco Correa.

López y Espejel fueron en su día miembros del Consejo General del Poder Judicial, nombrados a propuesta del PP. El primero, además, fue también promovido al Constitucional por este mismo partido, cargo que abandonó enseguida por el escándalo causado al conocerse que había dado positivo en un test de alcoholemia que le realizaron tras saltarse un semáforo cuando conducía su moto sin casco. López pidió disculpas públicas y asumió su responsabilidad dejando su puesto en el TC. De lo que nunca han podido librarse ni él ni Espejel es de que se les vincule con el Partido Popular.

Y por la presunción de falta de imparcialidad han sido apartados ya de varias piezas de la Gürtel. En octubre de 2015, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó desligarlos del juicio de la primera época de las actividades de la red de Correa –entre 1999 y 2005–. Ya en enero de este año, los dos magistrados volvieron a ser apartados como miembros del tribunal encargado del caso Bárcenas, la supuesta contabilidad B de los populares. Y en junio la Audiencia Nacional admitió a trámite la recusación promovida contra ambos para formar parte de otra sala, esta vez por el caso de las supuestas irregularidades en adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez en Fitur, en 2004.

Nada de lo dicho presupone la falta de profesionalidad de estos dos jueces. Sin embargo, representan un caso paradigmático de hasta qué punto la politización que sufre la Justicia española salpica a quienes la ejercen, provocando incredulidad entre la ciudadanía. En el asunto concreto, creemos que López y Espejel se debieran apartar voluntariamente de cualquier pieza relacionada con Gürtel por un principio básico de exquisita apariencia de imparcialidad. Pero el problema real es mucho más de fondo.

Lo que falla en nuestro sistema es que sean los partidos –hasta ahora, fundamentalmente los dos mayoritarios, el PSOE y el PP– quienes tengan en sus manos el nombramiento directo de 12 jueces y magistrados de los 20 que componen el Consejo General del Poder Judicial. Desde que en 1985 los socialistas cambiaron sin consenso la norma, acabando con el sistema de elección directa por parte de los jueces de sus representantes en el CGPJ, éste ha funcionado como un Parlamento en miniatura, en el que se reproduce la misma relación de fuerzas en el Congreso de los grandes partidos. Eso ha desacreditado al órgano de gobierno de los jueces, extendiéndose muchas veces la sospecha de parcialidad sobre sus nombramientos. Y aunque no faltan intachables trayectorias profesionales entre los elegidos, también es cierto que ha habido nombramientos en los que los méritos han sido mucho menos importantes que la afinidad ideológica y la sintonía partidaria.

La total despolitización de la Justicia española es uno de los asuntos más urgentes que deben afrontarse en un momento en el que tanto se habla de regeneración institucional. Estamos ante uno de los pilares del Estado y su credibilidad es, sencillamente, esencial. El Partido Popular, sin ir más lejos, ha llevado –e incumplido– en las últimas citas electorales la promesa de recuperar el sistema de que los jueces elijan a sus representantes en el CGPJ para garantizar su autonomía, una medida que este periódico viene defendiendo editorialmente desde su fundación.

Si la recusación de López y Espejel sirve para volver a poner el foco sobre el problema, bienvenida sea. Pero los socialistas no pueden dar lecciones de nada en esta cuestión porque, como decimos, son corresponsables de que nos encontremos con este panorama.

El modo en que los partidos eligen también a la mayoría de los miembros del Constitucional –muchas veces como un escandaloso reparto de cromos– abunda en este grave problema de la politización de la Justicia. Pero otras muchas medidas se antojan imprescindibles para acabar con este lastre. Entre ellas, una ampliación de los plazos de incompatibilidad que dificulte de un modo razonable la puerta giratoria para jueces que entran en política y después deciden volver a los juzgados. Resulta básico para reforzar la necesaria sensación de imparcialidad de los tribunales.