Iván Gil-El Confidencial

Las correcciones y rectificaciones del Ejecutivo suman ya una larga lista desde que Pedro Sánchez dejó el traje de líder de la oposición por el de presidente del Gobierno hace dos meses y medio

Pedro Sánchez ha modificado sustancialmente, retrasado o directamente descartado una buena parte de las medidas estrella que prometía llevar a cabo cuando llegase al Gobierno. La última de ellas ha sido el impuesto a la banca, que anunciaba a principios de este año con el objetivo de recaudar 1.000 millones de euros que se destinarían a financiar la subida de las pensiones. Esta misma semana, y a pesar de que la propuesta del Gobierno sobre el techo de gasto apunta a que se topará con la oposición de la Cámara Baja si no se incrementa el gasto público, el Ejecutivo trasladaba al sector que el impuesto a la banca no será de carácter “inmediato”.

La negativa a publicar la lista de amnistiados fiscales ha sido otro de los cambios de posición que más han llamado la atención y desilusionado a sus aliados en la moción de censura. Desde 2014, y casi de manera ininterrumpida, el líder del PSOE había criticado férreamente al Gobierno de Mariano Rajoy por no hacer pública “la lista de la vergüenza” y se comprometía en mítines y platós de televisión a que esta sería una de sus primeras medidas cuando llegase al Gobierno. “Nuestro compromiso será cuando gobernemos publicar la lista de la vergüenza”, “por decencia hay que publicar los 700 amnistiados” o “solamente habrá regeneración política cuando sepamos los nombres y apellidos de todas las personas que se acogieron”, repetía como un mantra.

El pasado 17 julio, sin embargo, Pedro Sánchez se desdecía de un plumazo anunciando desde la tribuna del Congreso de los Diputados que “desgraciadamente no es posible publicarla”, pues “no podemos modificar un pasado ya sentenciado”. En un ejercicio de equilibrismo, el Ejecutivo tapaba esta promesa incumplida avanzando un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal “para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales, y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal”. “Que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país”, proclamaba.

Con un Gobierno más centrado en los gestos y el ‘marketing’ político para coger carrerilla electoral desde la Moncloa, debido tanto a la fecha de caducidad de la legistura en 2020 como a su debilidad parlamentaria, la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos se presentaba como la gran medida del nuevo Ejecutivo socialista. Primero se aseguró que se produciría antes de que finalizase el mes de julio, después se anunció que se llevaría a cabo en agosto mediante un decreto que no llegó al último Consejo de Ministros y Ministras antes de las vacaciones estivales y, finalmente, se despachó con un aplazamiento para después del verano, aun recalcando que la decisión sigue siendo “firme”. Para contrarrestar el nuevo retraso, Sánchez se justificaba: “Si hemos esperado 40 años, no importará esperar unos días más”.

Con el traje de presidente del Gobierno puesto, Sánchez también ha marcado distancias con el perfil que mantenía como líder de la oposición en cuestiones como la monarquía. En 2014, por ejemplo, afirmaba ante los medios de comunicación en el patio del Congreso: “Quiero una monarquía renovada, ejemplar, y que se quiten prerrogativas como la inviolabilidad del rey”. Asimismo, señalaba en otra intervención: “Más allá del debate monarquía o república, también podríamos abrir el debate sobre los privilegios, que habría que eliminar de la monarquía en el siglo XXI” y añadía: “Uno es, inexcusablemente, acabar con el principio de inviolabilidad del rey”.

Ahora, instalado ya en la Moncloa y en medio del estallido del caso de los audios de Corinna, que implican al rey emérito en supuestos delitos de corrupción económica y evasión fiscal, el PSOE se ha mostrado contrario a abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, como reclamaban los partidos que lo apoyaron en la moción de censura. Todo ello, a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió la puerta el pasado 21 de julio a investigar los negocios del Rey desvelados por Corinna. Sánchez, por su parte, afirmaba ante las preguntas de los periodistas que “tenemos una monarquía ejemplar con Felipe VI”, y repreguntado si pensaba lo mismo del reinado de Juan Carlos de Borbón se despachaba con un “también”, dejando atrás sus dudas exigiendo desde la oposición una “monarquía renovada” y “ejemplar”.

La derogación de la reforma laboral, que también había prometido Sánchez y que incluso llevó en su programa electoral, será otra de las medidas anunciadas que no verán la luz. Así se lo trasladaba tanto a sindicatos como a patronal poco después de ganar la moción de censura. Como contrapeso, ha asegurado que está dispuesto a realizar algunos cambios parciales, supuestamente para eliminar los aspectos “más lesivos”, pero siempre y cuando cuenten con el consenso de los agentes sociales implicados, comenzando por la patronal. “Creo que podríamos llegar a retocar una serie de temas que se pueden hacer con consenso político y diálogo social”, matizaba la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

El cambio de criterio con el Open Arms se justificó porque ya no se contempla una “emergencia humanitaria”, como en el caso del Aquarius

Siguiendo con la política de gestos, Sánchez estrenaba su mandato con una medida de impacto: la acogida de los refugiados rescatados en el Aquarius. Se concedían también un mes y medio de permiso de residencia a los rescatados por razones humanitarias, además de garantizar prioridad en los trámites para la acogida. Una política que ha cambiado esta semana al desplazar al Open Arms, con migrantes rescatados, a Algeciras, en lugar de al puerto más cercano como solicitaban. El cambio de criterio se ha justificado porque ya no se contempla una “emergencia humanitaria”, como en el caso del Aquarius, y porque “ahora estamos en otro momento”.

La lista de cambios de criterio en cuestiones tan heterogéneas se completa con el adelanto electoral. Antes de registrarse formalmente la moción de censura, Sánchez abogaba por un Gobierno de transición con el objetivo de convocar elecciones, aunque sin aclarar fechas. Unos días después, en plenas negociaciones para sacar adelante la moción, aseguraba que si era exitosa su proyecto se centraría, por este orden, en dar estabilidad y convocar las elecciones generales. Finalmente, tras haber ganado la moción y desalojado a Mariajo Rajoy del Gobierno, Sánchez elegía como titular de su primera entrevista desde la Moncloa, concedida a TVE, que agotaría la legislatura hasta su máximo legal: 2020.