ABC-IGNACIO CAMACHO
Sólo el escándalo político ha forzado al Gobierno a rectificar su intención primera de desamparar al juez Llarena
EN el Gobierno hay dos jueces y una fiscal, pero ninguno de los tres ha mostrado interés en amparar al magistrado Llarena. Antes al contrario, la ministra Dolores Delgado se pronunció explícitamente en contra de la petición –que avalaban el Poder Judicial y la Abogacía del Estado– de hacerse cargo de su defensa. Sólo el evidente coste político de esta actitud, denunciada por la magistratura, la oposición y la prensa, ha obligado a La Moncloa a rectificar su intención primera, desautorizando sin ambages a la titular de Justicia y a la vicepresidenta. Nadie en este Gabinete tan bonito y preparado pareció darse cuenta de que la decisión enviaba a la opinión pública un mensaje de infinita torpeza: el de que el instructor de la causa contra el procés, que no es un funcionario cualquiera sino el único valedor que queda del imperio de la ley ante la sublevación de independencia, quedaba abandonado frente a las maniobras torticeras de Puigdemont y sus colegas. Lo peor es que resulta muy probable que ésta fuese, además, la interpretación correcta. Al menos la más fácil de deducir ante la estrategia de desjudicialización del conflicto que Sánchez despliega.
La enmienda, aunque forzada, ha llegado a tiempo; el problema es que en apenas tres meses el presidente no para de rectificar medidas, promesas, ideas y proyectos. La mayoría de las veces para bien, porque a bote pronto sólo se le ocurren desaciertos, pero tanta palinodia y tanto titubeo revelan muy escasa consistencia de criterio. De momento se ha envainado la derogación de la reforma laboral y de la «ley mordaza», la política migratoria de brazos abiertos, la publicación de la lista de la amnistía fiscal y la implantación de varios impuestos nuevos. Ha corregido o matizado deslices más o menos aparatosos en declaraciones y gestos, y sobre todo ha orillado su compromiso más directo: el de convocar elecciones en un plazo prudencial sin apalancarse en el Gobierno. Con tanta retractación no hay modo de tomarlo en serio; quizá por eso insiste en la exhumación de Franco como su más firme empeño, aunque también sobre ello haya dado varios bandazos procedimentales hasta acabar en la vía del decreto. Sufre el síndrome del piloto en prácticas ante el cuadro de mandos, pulsando botones al azar a ver si alguno sirve para levantar el vuelo.
Lo de Llarena, sin embargo, no cabe achacarlo a impericia de novato. Era una resolución demasiado significativa para no haberla meditado, y así se desprende de la profusión argumental con que la justificó Carmen Calvo. Fueron desoídos tres informes y un convenio favorables al amparo; no es posible alegar descuido ni confusión ni fallo. Se trataba de otra deferencia con los separatistas y hubiese ido adelante de no mediar el escándalo. Bien está lo que bien acaba y el viraje final es sensato pero esta vez el piloto apretó adrede el botón equivocado.