El texto que tan «conservador» le parece a Sánchez, tan de «centro» a Rivera, y que Rajoy ha asumido –con una generosidad que pagaremos todos y bajo amenaza de Ciudadanos de levantarse de la mesa si no había más «avances»–, incluye un incremento del gasto público de 28.500 millones entre 2017 y 2020 en un país con 50.000 millones de déficit y 1,1 billones de deuda pública. Una escalada del gasto que, según su literalidad, se cubrirá con un aumento de la recaudación por impuestos de 29.000 millones.
En el desglose de las medidas llaman la atención varias. La primera, el complemento salarial garantizado, una partida destinada a los trabajadores «según su jornada laboral, renta, condiciones y patrimonio familiar». Nunca según su productividad o mejora en el desempeño profesional. El coste, de 7.600 millones, se financiará con más impuestos y aumento de la inspección fiscal, especialmente a grandes empresas, a las que se quitará 15.000 millones en deducciones del Impuesto de Sociedades. Empresas que, obviamente, repercutirán en los sueldos el nuevo coste fiscal, forzando un aumento del gasto en ese complemento público.
También se incrementarán las polémicas políticas activas de empleo –2.000 millones–; se elevará –en 1.560 millones– el gasto en «refuerzo educativo», sin reconocer que nuestro gasto ya está en la media OCDE y sin recoger por ningún sitio un plan de mejora del equipo docente o de armonización y racionalización de nuestros programas educativos en toda España.
Igualmente, se elevará el gasto –2.800 millones– para ampliar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad hasta las 26 semanas –la media de la OCDE es de casi dos meses inferior–; y se creará –con 2.500 millones– una red de nuevos institutos tecnológicos, porque, por lo visto, no es cuestión de hacer que funcionen los públicos ya existentes o de eliminar las barreras fiscales-administrativas de los privados.
Así es el acuerdo. Un pacto donde la prometida rebaja del IRPF queda condicionada a un imposible control del déficit por el gasto que se impulsa. Un pacto tan querido para acabar con el bloqueo político, como inmensamente caro en términos económicos y de creación de empleo. Y un pacto que Pedro Sánchez desecha por ser muy de «derechas».