El Gobierno ha dicho no al indulto a los dos condenados por el caso del chivatazo policial a ETA. Los dos policías a los que la Justicia consideró autores materiales de esa delación solicitaron esta medida de gracia al Ejecutivo en julio de 2014. Ahora, el Consejo de Ministros ha notificado su decisión a la Audiencia Nacional.
Los condenados solicitaron el indulto y, a la vez, pidieron al tribunal que les condenó que se suspendiera la ejecución de la sentencia mientras se resolvía su petición. Y así lo acordó la Audiencia Nacional. Ahora, la Sala deberá ejecutarla. Pero ya sólo afectará a uno de los condenados, el comisario Enrique Pamies, que es el único que permanece en activo en la Policía. El otro condenado abandonó el Cuerpo blindándose su jubilación.
El chivatazo policial a ETA se produjo el 4 de mayo de 2006, en un pequeño bar de Irún llamado Faisán. Fue su dueño, el fallecido Joseba Elosua, el que recibió la alerta de una actuación inminente de los servicios antiterroristas de la Policía contra el entramado de extorsión de ETA.
La investigación judicial y policial se convirtió en tortuosa. La instrucción pasó por manos de cuatro jueces. Los investigadores tuvieron que sufrir una dura campaña de acoso.
Pese a todo, en el banquillo se sentaron dos mandos policiales, el comisario Enrique Pamies y el inspector jefe José María Ballesteros, después de que a última hora se limpiara un vídeo del día de los hechos en el que se veía entrar en el bar a la hora en que se produjo el chivatazo a Ballesteros. En octubre de 2013, la Audiencia Nacional condenó por estos hechos a los dos policías.
En julio de 2014, la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo. Ambos fueron condenados a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargo público. Solicitaron ese mismo mes el indulto y la Audiencia suspendió la ejecución de la sentencia. Ahora, casi tres años después, ha dicho no al indulto para estos funcionarios. El chivatazo se perpetró durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno y cuando al frente del Ministerio del Interior se encontraba Alfredo Pérez Rubalcaba.
La sentencia fijó la responsabilidad de los que cometieron el chivatazo, pero la investigación no despejó la duda de quién dio la orden.
El día en que los condenados dieron el soplo a Joseba Elosua, dueño del bar y relacionado con la trama de extorsión de ETA, Zapatero recibía en La Moncloa al entonces responsable del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, quien le iba a trasladar su apoyo a las negociaciones que tenía entonces abierta con los terroristas.
Ahora, el tribunal deberá notificar la sentencia a los servicios jurídicos de la Dirección General de la Policía para que ésta sea ejecutada, lo que supondrá la expulsión del comisario, según explicaron fuentes de este cuerpo policial. Pero no será éste el último episodio del chivatazo.
Aún está en manos del magistrado juez José de la Mata el último informe elaborado por la ya disuelta Brigada de Revisión de Casos sobre el Faisán. Ésta elaboró varios informes, entre ellos sobre los atentados del 11-M y el chivatazo. El juez, al tener conocimiento de la existencia de dichos informes, requirió al Departamento de Juan Ignacio Zoido que se los remitiera. Las gestiones para localizar el informe sobre el Faisán se demoraron. El instructor tuvo que exigirlos en dos ocasiones. Finalmente, fue localizado en la Secretaría de Estado de Seguridad. El instructor, que está al frente del juzgado que históricamente llevó la causa, blindó el informe. Únicamente ha dado traslado, de momento, al Ministerio Público para que lo estudie y le informe de si encuentra datos nuevos que motiven la reapertura de la causa.
La acusación particular, ejercida por la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ha estado muy pendiente de la evolución de esta causa, desde el primer día, y ha solicitado acceder a este informe al entender que puede provocar la reapertura de las investigaciones sobre quién ordenó el chivatazo.
Según informaron a EL MUNDO fuentes cercanas al caso, los investigadores incluyeron en sus conclusiones al comisario de la etapa de Zapatero que estaba al frente de la lucha contra ETA en la Policía Nacional, Telesforo Rubio. Incluso, los agentes verificaron datos de los movimientos telefónicos de Rubio.
En el informe elaborado por la extinta brigada también se hace mención a alguno de los más altos responsables políticos del Ministerio del Interior en la etapa en la que se produjeron estos hechos. Interior estaba en manos entonces de Rubalcaba.