Los golpistas de ahora mismo han escarmentado. Mienten, claro. La consejera IreneRigau mentía al negar presiones sobre los directores de los centros para que estos facilitaran las llaves y pudieran servir como colegios electorales, pero después de todo ella no es «una testiga de Jehová» como Chus Lampreave y su religión le permite mentir.
Fue rebatida ayer por testigos de la Fiscalía, como Dolores Agenjo, directora de un instituto de L’Hospitalet. Hasta cinco veces la llamó Montserrat Llobet, directora de los Servicios Territoriales, el 7 de noviembre de 2014. Cuando Agenjo pidió la orden por escrito, preguntó Llobet: «¿Y a quién se la vas a enseñar?». «A la Alta Inspección de Educación y a la delegada del Gobierno», respondió, y eso resultó en santo remedio. Es verdad que la directora de un instituto de Badalona negó haber recibido presiones, pero en su caso no hacía falta porque era voluntaria.
La defensa trata de armar un constructo por el cual Mas asume toda la responsabilidad sobre los hechos pero rechaza toda consecuencia derivada de los mismos, porque a partir del 4 de noviembre en que el Constitucional emite la orden son los 42.000 voluntarios los que se encargan del tema. Quizá si Dolores Agenjo hubiera entregado las llaves la primera vez que se las pidieron no habría necesitado coacciones. Se habría convertido en voluntaria, la 42.001.
El problema es saber a quién representaban los 42.000 voluntarios y por qué razón los directores de los centros públicos entregaron las llaves de los mismos a unos particulares. «Buenas, que venimos del prusés y queremos las llaves de su instituto». Un poco zafio. La empresa encargada por la Generalidad de instalar un centro de prensa en un pabellón de la Fira no interrumpió los trabajos a partir de la orden del Tribunal Constitucional del día 4 de noviembre. Duraron hasta el día 7. Hay ocho indicios más de que la Generalidad estuvo al frente hasta el 9-N –y aún después–, y que Artur Menos y sus cheerleaders han mentido al tribunal. Podrían haber optado por la asunción gallarda de la responsabilidad, no repartir esta entre los 42.000 voluntarios.
El único argumento que podría invocar la defensa de Mas es la incompetencia intelectual del procesado, que necesita explicaciones pormenorizadas de que un delito trae consecuencias y que el tribunal desobedecido no está obligado a detallárselas. Tampoco sabe el procesado que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Lo dice el Código Civil en su artículo 6. Ni que es deber muy principal de todo gobernante el de guardar y hacer guardar la ley y no violarla.