ALBERT RIVERA Y LUIS GARICANO – EL MUNDO – 24/09/16
· Los autores consideran que las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionan con claridad un mercado laboral español basado en la dualidad de contratación.
Los españoles sabemos demasiado bien cómo de injusto e ineficiente es nuestro modelo de relaciones laborales. Desde hace 30 años tenemos la tasa de paro más elevada de Europa, con una media del 18% en este período, independientemente de si gobierna el PP o el PSOE. Hace décadas también que España está entre los países con mayor precariedad de Europa: nueve de cada diez nuevos contratos son temporales. Desgraciadamente, los partidos tradicionales no han tenido la voluntad política de poner fin a una situación que debería parecerles, también a ellos, inaceptable.
Afortunadamente, las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestionan con claridad y dureza el modelo laboral dual español, suponen que no puede retrasarse más la reforma en profundidad de esta inaceptable situación. Ha llegado la hora de un nuevo modelo de relaciones laborales.
La raíz del problema es la extrema dualidad de nuestro mercado de trabajo, que se debe a un uso excesivo de la contratación temporal como consecuencia de un ineficiente sistema de contratación. En todos los sectores económicos, desde la sanidad o la educación a la industria, vemos como se abusa de contratos temporales y de interinidad para cubrir necesidades que no son temporales, sino permanentes. Y esto no solo sucede en el sector privado: las administraciones públicas son responsables en igual medida de estos abusos.
Las consecuencias de esta situación injusta son conocidas: los trabajadores en precario no pueden empezar su vida familiar ni formarse en el empleo. Además, la excesiva rotación entre contratos es una de las claves de la pobreza laboral en España: siete millones de trabajadores no llegan a alcanzar el salario mínimo anual debido a que rotan entre empleo temporal y paro. Finalmente, el desempleo en España se dispara cada vez que hay una crisis, al usarse el empleo temporal como fórmula casi única de ajuste, por otra parte brutal, a una caída de la demanda.
Dada esta dramática situación, es difícil de entender por qué tiene que ser la Justicia europea, en dos sentencias del pasado 14 de septiembre, la que nos diga lo obvio: que la situación no es ni justa ni legal. En su sentencia sobre una empleada del sistema madrileño de salud, el TJUE falló que la renovación constante de contratos sanitarios para cumplir necesidades permanentes no se adapta al derecho de la Unión. En otra sentencia con la misma fecha, el TJUE falló que la situación de interinidad no supone una razón objetiva para que una trabajadora no tenga derecho a indemnización. La trabajadora, Ana de Diego, llevaba 10 años trabajando de interina en el Ministerio de Defensa, pese a lo cual, según la legislación española, no tenía derecho a indemnización. Algo que el TJUE consideró inaceptable en el contexto europeo.
En otras palabras el Tribunal dice lo que a ojos de todos es evidente: los derechos de dos personas que realizan la misma actividad en una empresa no pueden ser diferentes simplemente por el tipo de contrato que tengan. Esa es la idea central del contrato único, acabar con la discriminación de los temporales.
Tomadas en su conjunto, estas sentencias suponen que la inaceptable situación de los trabajadores precarios en nuestro mercado laboral no debe tolerarse ni un día más. Muestran que el modelo de relaciones de nuestro país no entra dentro de los estándares de igualdad, de protección del trabajador, de seguridad jurídica para el trabajador y la empresa, que se deben exigir de un país miembro de la UE. Debemos acabar con este abuso discriminatorio e injusto de la temporalidad que dura ya en España desde hace más de 30 años, y caminar hacia un nuevo modelo de relaciones laborales que proteja a los trabajadores y a la vez permita a las empresas adaptarse a las necesidades de la situación económica.
La dirección evidente a la que apunta la Justicia europea es el contrato único que ha propuesto Ciudadanos. Se trata de eliminar la excesiva y dañina proliferación de modelos contractuales para ofrecer a todos los trabajadores los mismos derechos y la misma tutela judicial efectiva.
Las consecuencias de tal cambio serían enormes. Dejaría de haber una subclase de empleados en nuestro mercado laboral sin derechos, de los que pueden abusar administraciones y empresas sin consecuencias. Por ejemplo, ahora mismo una empresa deja expirar el contrato de una trabajadora temporal embarazada o enferma, con lo que tal trabajadora no se beneficia del sistema de protección social por maternidad o enfermedad.
Además, las empresas y trabajadores, que disfrutarían de un horizonte más estable y predecible, invertirían más en formación, lo que revertería en mayor productividad, una de las lacras clave de nuestra economía. Esta estabilidad además facilitaría el acceso de los jóvenes a la vivienda y al crédito.
El paro dejaría de repuntar de forma brusca en cada parón de actividad económica y las empresas utilizarían más los demás mecanismos de ajuste existentes.
En definitiva, es hora de que la política dé respuesta a una situación que debería haberse resuelto hace muchos años. Ciudadanos empujó al PSOE y al PP a dar un paso importante en esta dirección en los acuerdos de gobierno y de investidura que respectivamente suscribimos con ellos. Acabaremos logrando una solución que ponga fin a estos abusos, que ofrezca una tutela judicial efectiva a todos los trabajadores, y modernice de una vez por todas el obsoleto e injusto modelo laboral español. Europa nos abre una ventana de oportunidad que no podemos desperdiciar.
Albert Rivera es presidente de Ciudadanos. Luis Garicano es responsable de Economía, Industria y Conocimiento en la Ejecutiva de Ciudadanos.