Francesc Homs participó junto a Artur Mas en «una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión de la consulta del 9-N. Por ese motivo, durante nueve años debería tener vetado el acceso a cargos públicos como el que ostentaba entonces de consejero de Presidencia y portavoz del Govern o como el que ejerce ahora, de portavoz del PDeCAT (Convergència) en el Congreso.
Así lo sostiene la Fiscalía del Tribunal Supremo en el escrito de acusación presentado ayer ante el Alto Tribunal. A juicio del Ministerio Público, Homs cometió un delito de prevaricación y otro de desobediencia grave, por los que pide una pena conjunta de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno también en cualquier ámbito.
El escrito de acusación afirma que Homs no sólo «no adoptó la suspensión» de ninguna actividad relacionada con la consulta, sino que, por el contrario, «impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria». «En definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado proceso participativo».
Y lo hizo pese a que «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional» (TC). Esta última frase responde a una de las líneas de defensa de Homs, que ante el juez instructor del Supremo explicó que la suspensión del TC era demasiado imprecisa como para ser atendida de forma efectiva. Una tesis que, según la Fiscalía, no es verosímil por el cargo que ocupaba en el Gobierno catalán.
Ayer, Homs afirmó en una rueda de prensa que seguirá en política pese a una eventual condena. «El Estado me quiere inhabilitar. Pero no me iré. No lo pienso hacer. No lo dejaré porque lo diga la Fiscalía o un Tribunal Supremo. […] ¿Alguien se piensa que porque la Fiscalía quiera inhabilitarme yo dejaré la política? Al contrario», afirmó, asegurando que sólo dejará la política si así lo deciden los votantes, su partido o él mismo.
Homs reconoció que, en caso de ser inhabilitado, «ahí estará la Policía Nacional o la Guardia Civil» para no permitirle el acceso al Congreso, pero añadió a continuación que la «política se puede ejercer de muchas maneras».
Los delitos y las penas reclamadas para Homs coinciden con los reclamados por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Cataluña contra las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. En el caso de Mas, dada su responsabilidad como presidente autonómico, la petición fue de 10 años. La causa se dividió porque mientras Homs está aforado ante el Supremo como diputado nacional, los otros tres investigados lo están ante el Tribunal Superior de la comunidad por ser parlamentarios autonómicos.
Inicialmente, Homs no estaba en la querella de la Fiscalía por el 9-N. Sin embargo, la investigación en torno a Mas, Rigau y Ortega reveló que también él jugó un papel «crucial» para que la consulta independentista se acabara celebrando.
El escrito detalla cuáles fueron esas actuaciones y omisiones. Por ejemplo, cuando la empresa encargada del sistema informático vaciló al conocer la resolución del TC, Homs le remitió un escrito en el que «legitimó e impulsó» la continuación de los trabajos. Incluso, puso al servicio de la empresa los servicios jurídicos de la Generalitat por si alguna de las subcontratas pretendía no cumplir los encargos.
Homs también contrató un pabellón de la Feria de Barcelona para albergar «el centro de prensa internacional». Esta contratación estuvo a punto de costar a los investigados la acusación de malversación de caudales públicos, un delito que habría supuesto la solicitud de penas de prisión.
Por último, Homs permitió que tras la suspensión del TC siguieran adelante tanto el reparto masivo de correspondencia oficial como la campaña de publicidad institucional sobre la consulta.
«En definitiva», concluye el fiscal, «la concatenación de omisiones y de acciones del acusado Francesc Homs y la secuencia de actos jurídico-administrativos que de las mismas se derivaron, formalizados o no, por parte de funcionarios de su Departamento, determinaron la total ineficacia de la orden de suspensión cautelar».