ABC 04/07/17
· A TRAVÉS DE UNA CARTA ENVIADA AYER
El Gobierno envió ayer una carta a los ayuntamientos catalanes en la que les advierte de «la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria», para recordarles que no pueden colaborar en la organización de la consulta ilegal.
Así consta en la misiva con fecha de ayer y que el Ejecutivo, por medio del secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha remitido a 993 entidades locales de Cataluña ante la posibilidad de que estas colaboren en celebrar una consulta sobre la que «reiterados pronunciamientos» del Constitucional han dicho que vulnera la Carta Magna.
Por esta razón, el Gobierno se dirige a los funcionarios responsables de los ámbitos jurídico y económico de los ayuntamientos para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de la Constitución y «preservar el adecuado destino de los fondos públicos».
Un total de 947 ayuntamientos de toda Cataluña, cuatro diputaciones provinciales y 42 comarcas recibirán esta carta del Gobierno que comienza con un recordatorio: el del anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum ilegal el 1 de octubre. El envío de la misiva se anticipa a la intención manifestada por un número destacado de municipios de Cataluña de participar en la organización de la consulta, informa Efe.
En la carta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destaca que «en la medida en que la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum», se ve en la tesitura de recordar que la consulta vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía. «Debe tenerse en cuenta que un proceso de esta naturaleza atenta» contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatut, afirma.
«Reiterados pronunciamientos» del Tribunal Constitucional así lo han reflejado, destaca el Gobierno para subrayar acto seguido: «El alto tribunal ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum». La carta va dirigida a los secretarios generales y a los interventores económicos de los ayuntamientos de municipios con más de 500 habitantes. Son ellos los destinatarios porque, en la escala funcionarial de la administración local, son los responsables jurídicos y económicos de los ayuntamientos. Así lo remarca el Gobierno al señalar que «el adecuado respeto a esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional incide en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en materia de fe pública, emisión de informes jurídicos y asesoramiento legal preceptivo».