El Gobierno está preparado para atajar el desafío soberanista si, pese a los tribunales y la Constitución, persiste en la celebración de un referéndum ilegal de carácter secesionista. Así lo confirma la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aun cuando prefiera seguir confiando en que al final imperará el «sentido común» y no se llevará el reto hasta sus últimas consecuencias.
Si este fuera el caso, el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las fuerzas políticas las medidas a adoptar y «buscará el máximo entendimiento y consenso» con PSOE y Ciudadanos, los dos partidos que defienden el constitucionalismo y rechazan el llamado derecho a decidir, que violentaría los principios medulares de la Carta Magna: unidad, soberanía nacional e igualdad en derechos y deberes de los españoles.
La vicepresidenta renunció ayer a hacer juicios de valor respecto a los argumentos esgrimidos por el ex president Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, amparándose en el respeto al curso de los procesos judiciales y en el hábito del Gobierno de «no comentar ni participar» de las estrategias de los acusados.
Sí aceptó, no obstante, valorar lo acontecido a las puertas del Tribunal, donde se concentraron miles de personas, animadas por la propia Generalitat. Santamaría recordó que el respeto a la ley es «obligación de todos los gobernantes» y puntualizó que «la vida de los ciudadanos no puede paralizarse por los problemas que aquellos tengan».
Además, pidió «coherencia» ya que, argumentó, «si algunos creen que amparándose en la ley pueden convocar ese tipo de manifestaciones, también deberían respetar la ley cuando les impone obligaciones como gobernantes o determinadas consecuencias jurídicas cuando no la cumplen».
La vicepresidenta se manifestó en estos términos tras mantener junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una reunión de trabajo con el presidente de la Federación de Municipios, Abel Caballero. En el encuentro se confirmó que el próximo viernes el Consejo de Ministros dará luz verde a la creación de los dos grupos de expertos, uno de comunidades autónomas y otro de corporaciones locales, para empezar a negociar el nuevo sistema de financiación autonómica y local. Sólo la Generalitat ha renunciado a designar un representante. Montoro se dirigió ayer expresamente al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, instándole nuevamente a ocupar la silla que corresponde a Cataluña.
El ministro de Justicia también estuvo muy pendiente de lo que sucedía en Barcelona. Rafael Catalá se pronunció dos veces sobre el juicio; por la mañana, calificó de «numerito» la concentración de independentistas a las puertas del TSJC y aseguró que los magistrados no se dejarán coaccionar. Por la tarde, desde Valencia, quiso rebajar la tensión asegurando que hay que «confiar en el diálogo». «No llegaremos a un escenario de conflicto», auguró.
El Gobierno contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. El portavoz de la Gestora socialista, Mario Jiménez, pidió a las autoridades catalanas que respeten la ley y también se dirigió a los ejecutivos español y catalán cuando exigió «diálogo» para resolver «cualquier proceso político».
Albert Rivera aseguró que Convergència –ahora PDeCAT– usa el proceso independentista como «una gran cortina de humo» para tapar su corrupción política. Con respecto a las manifestaciones a la puerta del TSJC, llamó a no entrar al trapo del «victimismo» y de la «épica barata de laboratorio» nacionalista.
Podemos fue el único gran partido español que se distanció claramente del Gobierno. Pablo Iglesias calificó de «gravísimo» que se juzgue a Mas «por poner urnas» y dijo que el proceso por la consulta del 9-N «habla mal del estado de salud» de la democracia española.
Entre los partidos catalanes, la jornada sirvió para que los bandos quedaran delimitados con nitidez. El presidente del Govern, Carles Puigdemont, pronunció una declaración institucional antes del juicio en la que expresó su «indignación» y aseguró: «Hoy muchos nos sentimos juzgados».
Junqueras se sumó al discurso oficial del independentismo y dijo que «la democracia no se debería juzgar nunca». Y Ada Colau, la gran deseada por el soberanismo, recibió reproches por no participar en la manifestación de apoyo a Mas, aunque criticó la acción de la Justicia. La alcaldesa de Barcelona dijo que el juicio es un ejemplo de la «deriva autoritaria» del Estado y exigió al Gobierno una «operación de diálogo real» con la Generalitat.