EL MUNDO – 10/07/16
· El Govern que preside la socialista Francina Armengol, con los nacionalistas de Més y el apoyo de Podemos, ha promovido y aprobado un nuevo plan de política lingüística para fomentar o exigir el uso del catalán en todos los ámbitos en Baleares, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, actividades de ocio y competiciones deportivas, con 136 medidas, de todo tipo.
Desde campañas institucionales para pedir a los catalanoparlantes que hablen en catalán ante quienes no entienden esta lengua a una ley para garantizar el uso del catalán en las empresas privadas, con el «requisito» de contratar personal con título de catalán y el establecimiento de vetos lingüísticos en la concesión de licencias para abrir un negocio.
Las campañas dirigidas a no cambiar de lengua ante las personas que no saben catalán aparecen entre las medidas previstas en el apartado del plan dedicado al «problema» de la «escasa fidelidad lingüística» de los catalanoparlantes cuando se relacionan con personas que no entienden o no hablan el catalán, o que simplemente son «percibidas» como hablantes de otras lenguas. El plan pretende acabar con lo que consideran una infidelidad, la de quienes, ante un interlocutor que no sabe catalán, pasan a otra lengua para comunicarse, habitualmente el castellano. Con este objetivo de no reducir el catalán en la «vida cotidiana», prevé campañas institucionales de difusión «de la idea de que hablar en catalán con alguien que no lo sabe es un acto solidario, de autoestima y civismo», según recoge el documento.
La coalición de izquierdas liderada por el PSOE en Baleares rescata así una de las medidas que ya aplicó hace dos legislaturas –el anterior Pacte de socialistas y nacionalistas con la extinta Unió Mallorquina (UM) en lugar de Podemos–, entre otras muchas que figuran en el plan aprobado esta semana por el Consell Social de la Llengua Catalana, organismo encabezado por el Govern y presidido por Armengol y que conforman otras instituciones públicas y entidades.
El plan también interviene en el sector privado, para el que prevé una ley o normativa específica para regular y garantizar «la presencia del catalán y la disponibilidad lingüística en esta lengua en las empresas que ofrecen servicios en Baleares»; y a ello supedita la autorización de licencias de apertura e inicio de actividades a todo tipo de negocios, desde hoteles, restaurantes y bares a comercios, empresas de construcción o de administración, peluquerías, talleres o gimnasios. «Antes de conceder» los permisos, las administraciones supervisarán si las empresas cumplen los requisitos lingüísticos.
También prevé una «exigencia progresiva» de conocimientos de catalán al contratar nuevo personal en las empresas privadas, para tareas administrativas o de atención al público; y «bonificaciones y ventajas fiscales» por el «requisito» de contratar un porcentaje más alto, por concretar, de trabajadores con título de catalán.
Asimismo, contempla una ley para aumentar la oferta de cine en catalán; una larga lista de líneas de subvenciones a empresas, para la rotulación de comercios –deja abierta la posible recuperación de obligar a rotular en catalán–, para aumentar la oferta de juegos y juguetes con los que los niños «puedan «jugar en catalán»; y para publicaciones. Incluye además la distribución regular de prensa en catalán en los centros educativos y los edificios públicos de la Administración balear.
En la sanidad pública, incide en la «exigencia» del requisito del catalán al personal sanitario e introduce la novedad de que el paciente podrá cambiar de médico de cabecera si éste no habla catalán. A nivel general, el Govern prevé exigir el uso del catalán a empresas y demás proveedores que opten a cualquier concesión o contrato público en Baleares.
EL MUNDO – 10/07/16