EL MUNDO – 19/03/17
· Un día después de que ETA anunciara que va a proceder a un desarme total en menos de un mes, el Gobierno advirtió ayer a la banda terrorista de que no habrá contrapartidas de ningún tipo a este movimiento.
· Y no las habrá porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que faltan dos elementos fundamentales: que ETA se disuelva y que colabore con la Justicia para aclarar los más de 300 asesinatos etarras que siguen sin resolverse.
Con su negativa, el Gobierno no sólo hace frente a la campaña internacional de propaganda que teme que ETA va a organizar con la entrega de las armas, sino también a las presiones que puede sufrir en España. Hay partidos como Podemos que ya ayer pidieron de forma abierta el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, pero la reclamación principal y más directa procede del PNV, con quien el PP acaba de firmar un acuerdo presupuestario en la comunidad vasca y con quien negocia un apoyo recíproco en Madrid a los Presupuestos Generales del Estado.
Ayer por la mañana, el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, dio toda «fiabilidad» al anuncio de ETA y exigió una contrapartida al Gobierno. «Sería lógico que se empezaran a dar movimientos en política penitenciaria», manifestó en una entrevista radiofónica.
El Ejecutivo, sin embargo, es por el momento ajeno a las presiones y está dispuesto a mantener la política de dispersión de presos terroristas.
El primero que defiende esta tesis es el Ministerio del Interior, donde confirmaron ayer a este diario que no está en los planes del Gobierno cambiar la política penitenciaria ni a corto ni a medio plazo. Los expertos en lucha antiterrorista rechazan así un cambio que, de realizarse, sería de enorme calado y provocaría una gran crisis no sólo con las víctimas del terrorismo, sino con una parte importante del electorado del PP.
Para empezar, en Interior desconfían del anuncio de ETA, que fue realizado a través de un portavoz colateral, el activista vasco-francés Jean-Nöel Etcheverry. Pero, sobre todo, constatan que en el mensaje trasladado por la banda no hay referencia alguna a su disolución ni a la colaboración con la Justicia. Es decir, que ETA no parece estar dispuesta a rendirse, que es la exigencia básica del Estado de Derecho.
Las fuentes consultadas en Interior recuerdan además que cualquier cambio en la política penitenciaria debe contar con la aquiescencia de Francia. Según explican, 70 de los 350 etarras que continúan en la cárcel cumplen su pena en el país vecino, por lo que cualquier tentativa de acercamiento de los reclusos al País Vasco afecta de lleno a ambos países.
En cualquier caso, por si quedara alguna duda, el propio presidente del Gobierno se encargó de reafirmar el rechazo a contraprestaciones, aprovechando su presencia en el País Vasco por el congreso del PP autonómico que se celebraba ayer. «No habrá nada a cambio de nada porque nada puede haber», advirtió Rajoy sobre el desarme terrorista.
El presidente aseguró que el Ejecutivo aplicará la ley como ha venido haciendo siempre y se mostró convencido de que el Gobierno francés actuará de la misma manera. Se trata, según recalcó, de la posición «última» del Gobierno y del PP: «Lo que esperamos es la disolución ya y esta posición que mantenemos es la justa, la democrática, la que preserva la dignidad de las víctimas del terrorismo y la más eficaz para la disolución definitiva de ETA, como el tiempo está acabando de demostrar».
Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que Rajoy le ha trasladado esta postura en persona al lehendakari Iñigo Urkullu, en la reunión que mantuvieron el pasado martes en el Palacio de la Moncloa.
Desde el Gobierno se apunta que la reclamación del Gobierno vasco para que Moncloa conceda algún gesto en política penitenciaria es insistente. En cualquier caso, parece que, al menos de momento, desde el PNV no se ha puesto la política penitenciaria como una exigencia ante un apoyo a los presupuestos.
Igualmente, las fuentes consultadas insisten en que la posición de Francia es esencial y señalan que ETA es perfectamente consciente de ello. Por eso, desde hace meses la izquierda abertzale ha tratado de acercarse al Ministerio de Justicia francés en busca de beneficios para sus presos. Por el momento, el entorno de ETA se ha encontrado con la puerta francesa cerrada. Ayer mismo, el ministro del Interior, Bruno Le Roux, aseguró que no negociará la entrega de armas y señaló que «sólo la autoridad judicial está habilitada» para hacerse con los arsenales.
Además de los presos, otro punto caliente son los fugitivos. El entorno abertzale y un sector importante del nacionalismo vasco también reclama una solución. Difícil, porque supondría tener que arrastrar togas por el fango. En otra época se buscó una ubicación para esos fugitivos fuera de Europa, en países sin tratado de extradición que se encargaban de su subsistencia.
En última instancia, en Interior aseguran que la presión policial no se va a modificar tras el anuncio del desarme. Incluso, advierten de que si detectan movimientos en torno a las armas de ETA, se pueden producir actuaciones como la que ya se desarrolló en diciembre, cuando fueron detenidos los activistas que van a participar en la entrega de armas.
EL MUNDO – 19/03/17