ABC – 30/07/16
· El Pleno del TC se reúne el lunes y podría suspender la resolución secesionista.
Dos días después de que el Parlamento autonómico catalán se situara fuera de la ley al aprobar, con los votos de los independentistas, las conclusiones de la comisión del «proceso constituyente» pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, el Gobierno de la Nación acordó pedir su nulidad y que se abra la vía penal contra la presidenta de la Cámara regional, Carme Forcadell.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó, después del Consejo de Ministros, que esa petición forma parte del incidente de ejecución de sentencia que la Abogacía del Estado presentó ante el TC ayer por la tarde. En el escrito, se pide al Tribunal que actúe frente a un «verdadero plan para la secesión». El Pleno del TC se reunirá el próximo lunes y la resolución independentista podría quedar automáticamente suspendida.
El Gobierno considera que la resolución del Parlamento catalán vulnera radicalmente la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2015, que declaró nula la declaración del 9 de noviembre sobre lo que llaman el «proceso de desconexión», así como el reciente auto del 19 de julio pasado. En este se advertía «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados».
Multas e inhabilitación
El incidente de ejecución tiene tres puntos en los que el Gobierno solicita al TC que declare nulo y sin efecto jurídico alguno la resolución del Parlamento autonómico, su suspensión inmediata, así como la adopción de medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias. Una de esas medidas es la apertura de la vía penal contra Forcadell, por un posible delito de desobediencia.
En el incidente de ejecución acordado por el Gobierno se pide que se requiera también a Forcadell, a los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica, al presidente de la Generalitat y a los miembros de su Gobierno para que se abstengan de la realización de cualquier actuación dirigida a dar cumplimiento a la resolución impugnada.