ABC – 28/04/16
· El Gobierno catalán se compromete hasta tres veces por escrito a respetar la legalidad.
· «No es entidad de crédito» Ambas partes entienden que el Instituto de Finanzas Catalán no puede actuar como entidad de crédito.
Soraya Sáenz de Santamaría, en Madrid, y Raül Romeva, en Barcelona, han firmado en los últimos días tres acuerdos diferentes que resuelven cinco conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional. En ellos, ambas partes, el Gobierno de la Nación y la Generalitat de Cataluña, se comprometen a respetar las competencias de cada administración, y se defiende la normativa vigente, por ejemplo la ley de Unidad de Mercado.
La «paz» sellada por Moncloa y la Generalitat en tres asuntos concretos, el Instituto Catalán de Finanzas, la ley de Protección de la Infancia y la ley de Simplificación de la Administración, se consumó esta misma semana, después de la reunión que mantuvieron Mariano Rajoy y Carles Puigdemont el día 20 en Madrid. El presidente de la Generalitat había pedido al Gobierno que disminuyeran los conflictos ante el TC, y Rajoy contestó que estaba de acuerdo, aunque para ello era necesario que se cumpliera la ley.
La Generalitat le resta valor
Los técnicos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado dejaron listos los acuerdos los pasados 18 y 19 de abril, solo pendientes de las firmas de Sáenz de Santamaría y de Romeva. La rúbrica se produjo tras la reunión, y en concreto la vicepresidenta del Gobierno no la estampó hasta este martes 26. Sáenz de Santamaría se reunirá hoy con el vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras, en La Moncloa.
Pese a la relevancia del acuerdo, la Generalitat le restó importancia asegurando que se trata solo de cuestiones técnicas. En el Ejecutivo catalán molestó que fuese el líder del PP catalán, García Albiol, quien lo anunciase, al entender que los populares quieren politizar el acuerdo. El más relevante atañe al Instituto Catalán de Finanzas, que motivó discrepancias competenciales. Ahora se defiende que tras lo firmado, el Instituto «no presenta naturaleza de entidad de crédito», y no actuará como tal.
Sobre la ley de Simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat se evitan dos conflictos ante el TC, y respecto a la ley de Protección de la Infancia, otros dos. En el primer caso, entienden que debe interpretarse de acuerdo con la ley de Unidad de Mercado y con la normativa vigente. En el segundo, se expresa el respeto a las competencias de las Comunidades, pero también a la dirección de la política exterior, «que corresponde al Estado».
El acuerdo anunciado ayer, no obstante, no frena los recursos presentados con anterioridad: 30 por parte del Gobierno, unos 50 en el haber del Ejecutivo catalán. Fruto de ello, por ejemplo, ayer mismo el TC decretó la inconstitucionalidad de diversos puntos de la ley catalana que establecía un gravamen sobre la energía eléctrica de origen nuclear, con el que Cataluña confiaba en recaudar 43 millones.
En sentido contrario, y a falta de sentencia, el TC acordó levantar la suspensión cautelar de varios puntos del Código de Consumo de Cataluña. En concreto, entre otros, el artículo que define las situaciones de pobreza energética y vulnerabilidad económica. El TC, sin embargo, mantiene la suspensión del artículo que prohíbe cortar el suministro de gas y electricidad y también el que fija los requisitos para la interrupción de luz y gas por impago de los servicios de trato continuado.
Oriol Junqueras, pesimista, dijo no esperar mucho de la reunión de hoy con la vicepresidenta Santamaría.
ABC – 28/04/16