EL MUNDO – 29/07/17
· Los independentistas la firman en bloque y la llevarán el próximo lunes al Parlament.
· La ley del referéndum que el Govern y los partidos independentistas divulgaron con más escenografía que contenido a principios de julio llegará al registro del Parlamento catalán el lunes.
Los diputados de Junts pel Sí –entre ellos el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont– y la CUP, uno a uno y de forma colegiada, rubricaron la norma ayer, aprovechando la celebración del último Pleno del Parlament antes de las vacaciones. Sólo hubo una excepción: la de los miembros de la Mesa de la Cámara investigados por desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir que se votaran resoluciones independentistas.
La ley del referéndum, que regula la consulta anunciada para el 1 de octubre, no entrará a trámite hasta que la Mesa del Parlament, el órgano rector de la Cámara, la admita. Todo apunta a que esto podría ocurrir el 16 de agosto, que es el primer día que ha sido habilitado a efectos parlamentarios en Cataluña después de las vacaciones.
Con todo ello los partidos soberanistas han acelerado el procedimiento, puesto que inicialmente el registro de la ley estaba previsto para mediados de agosto, junto a la otra gran norma de la desconexión de España, la ley de transitoriedad jurídica.
Sin embargo, en las filas independentistas, a pesar de que el gesto de la firma colegiada de ayer persigue exhibir unidad y compromiso con el referéndum, hay disparidad de criterio sobre la conveniencia de dar luz verde a esta norma antes de que se celebre la consulta, entre otras cosas porque también marcará el ritmo de las impugnaciones por parte del Gobierno central.
La ley del referéndum se registrará el lunes a primera hora. Es el mismo día en que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno sobre la reforma del reglamento del Parlament a la que Junts pel Sí y la CUP dieron vía libre el miércoles pasado, y con la que los partidos independentistas pretenden aprobar de manera exprés el referéndum y las leyes de ruptura.
Mientras ese momento llega, los planes secesionistas se mantienen y se siguen instrumentalizando el resto de leyes de desconexión. En la sesión parlamentaria de ayer, y con los votos favorables de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó –que contrariamente no firmó la ley del referéndum–, se aprobó la ley del código tributario de Cataluña, una de las llamadas estructuras de Estado para los soberanistas de cara a la creación de la Hacienda catalana.
La normativa otorga más autonomía económica, financiera, patrimonial, contractual y de personal a la Administración Tributaria de Cataluña, para la que el Departamento de Economía lleva trabajando desde hace varios meses y con la que pretende asumir la recaudación de todos los impuestos generados en la comunidad y disponer del personal necesario para hacerlo.
De momento, el código tributario está elaborado para no exceder las competencias estatutarias y constitucionales de la Generalitat, aunque los soberanistas no esconden que tienen la voluntad de ampliarlo en una hipotética Cataluña independiente. En su diseño trabaja el Departamento de Economía que lidera Oriol Junqueras.
Junqueras es el mismo miembro del Govern que se ha negado a facilitar al Ministerio de Hacienda la relación de funcionarios que certifican el gasto de la Generalitat, después de que el Gobierno reclamara supervisar semanalmente todos los pagos de la Administración catalana para que no se destinen recursos públicos a los preparativos del referéndum. Si Hacienda corroborara dicha situación, se suspenderán las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, en una misiva al ministro Montoro, comunicó que asume personalmente las funciones de recepción de los requerimientos de información que el Ejecutivo efectúe a la Generalitat. «En tanto que superior jerárquico de la interventora general, he asumido, y así se lo he comunicado, las funciones de recepción de los requerimientos de información que a aquella le puedan ser efectuados», señaló el dirigente republicano, informa Efe.
El lunes, el Ministerio de Hacienda envió un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en el que le advertía de que podía incurrir en responsabilidades incluso penales si no explicaba a qué obedecía el desvío de 6.150 euros del presupuesto y si esa partida estaba vinculada a la celebración de un referéndum de independencia.
El Govern contestó que los 6.150 euros correspondían al mantenimiento ordinario de un sistema de gestión informática del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, desvinculándolo así de la votación prevista para el próximo 1 de octubre.
EL MUNDO – 29/07/17