EL MUNDO – 06/05/17
· Intenta evitar que el Estado impugne en los tribunales la adquisición de material electoral.
· El Govern sigue sin querer dar ni un paso en falso respecto al proceso soberanista.
La condena de inhabilitación a los organizadores del 9-N –Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau– y las diferentes causas abiertas en los tribunales –como la que investiga por desobediencia a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o la de la Fiscalía por la publicidad institucional en el voto al exterior o respecto a las empresas que habrían recibido encargos sobre el referéndum– hace que desde el Ejecutivo catalán se busquen fórmulas para evitar firmar documentos que luego den lugar a sentencias.
De esta forma, el Govern impulsará un acuerdo para homologar empresas suministradoras de urnas «para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos», según explicó la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, pero en ningún caso el acuerdo llevará el término referéndum en ningún lado para evitar que el Estado lo impugne.
En diversas resoluciones, el Tribunal Constitucional ha suspendido acuerdos adoptados por el Parlament respecto a la hoja de ruta soberanista e incluso ha instado a la Fiscalía a abrir la vía penal contra quienes lo han promovido, como es el caso de Forcadell y cuatro miembros de la Mesa del Parlament, que declararán como imputados a partir de la semana próxima. Por eso, el Govern no quiere que ningún preparativo para el referéndum sea impugnado antes de tiempo y todo lo circunscribe al ámbito autonómico. «Somos competentes en materia de elecciones y consultas, es lógico que queramos disponer de los elementos necesarios para tirar adelante estos procesos», explicó Borràs sin concretar otros usos de las 8.200 urnas de metacrilato, para comicios, y 4.000 de cartón, para procesos participativos, que se encargarán.
Borràs fue más allá y advirtió de que el Gobierno no puede impedirlo, ya que es una acción «perfectamente legal» dentro de las competencias actuales de la Generalitat. Las urnas electorales las suministra siempre el Ministerio de Interior. En la consulta del 9-N, el Govern recurrió a urnas de cartón que encargó a la empresa pública que se encarga del trabajo de los reclusos. Para el referéndum que se quiere convocar este año, la Generalitat quiere urnas de metacrilato para dar una imagen más solemne. Varias fuentes apuntan a que el coste de esta licitación pública podría rondar los 200.000 euros.
El anuncio de las urnas electorales no es el primero del Govern de cara al referéndum. El pasado marzo, el Departamento de Gobernación ya inició el proceso de licitación para la adquisición del material electoral necesario para la celebración de procesos electorales, como papeletas, sobres e impresos. Junts pel Sí –la coalición de CDC y ERC en el Parlament– quiere exhibir músculo ante la CUP y empezar a preparar un referéndum pese a que saben perfectamente que será recurrido por el Estado ante el Tribunal Constitucional.
La reacción del Gobierno ante el desafío que supone planear la compra de urnas pasa por advertir a las empresas interesadas en optar al contrato ofrecido por el Govern de que cometerán una ilegalidad si contribuyen a organizar el referéndum independentista. «La prohibición de organizar un referéndum vinculaba a políticos, funcionarios y empresas. Más claro agua. Es bueno que se sepa», avisó ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro hizo un «llamamiento a la cordura» dirigido a los que «están en manos de los radicales de la CUP» y no dudan en seguir adelante con los actos preparatorios de la consulta separatista, a pesar de que sobre ellos pesa una prohibición explícita del Tribunal Constitucional.
El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ahondó en la advertencia lanzada por el Gobierno. «Esta prohibición no sólo va dirigida al Govern, también a las empresas. Colaborar con un acto ilegal les puede acarrear graves problemas con la Justicia», subrayó el jefe de filas del PP catalán. Si optan a la licitación para vender 8.000 urnas al Govern, «tendrán que pagar las consecuencias», añadió.
No obstante, el PP aplaza cualquier acción ante la Justicia hasta que la Generalitat cumpla con su desafío y ejecute la licitación de las urnas. «La Fiscalía actuará si se traduce en hechos», apuntó Méndez de Vigo en ese sentido, vaticinando la respuesta del Ministerio Público.
Ciudadanos y el PSC prefirieron cargar las tintas contra el Gabinete dirigido por Carles Puigdemont. El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, insistió en que «cualquier acción relacionada con un referéndum ilegal tendrá que ser rebatida» y volvió a pedir unas elecciones autonómicas anticipadas para «sustituir a un Gobierno que camina por la senda de la ilegalidad por uno normal».
El líder socialista en Cataluña, Miquel Iceta, pidió al Govern que deje de «engañar a la gente, perder el tiempo y desperdiciar recursos». El primer secretario del PSC criticó con especial dureza el hecho de que el Govern actúe con «total opacidad y de espaldas al Parlament» y pidió a Puigdemont que «se abstenga de preparar actividades ilegales y se centre en gobernar».
ENTRE 5 Y 9 EUROS POR IR A APOYAR A FORCADELL
La Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios fletarán varios autobuses desde diversos puntos de Cataluña para ir a concentrarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el lunes, cuando deben declarar como imputadas por desobediencia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la diputada de Junts Pel Sí Anna Simó. Los precios para hacer este viaje y manifestar su adhesión al soberanismo cuestan entre 5 y 9 euros, dependiendo de la distancia del trayecto a Barcelona. Las entidades quieren repetir la concentración y los viajes el 12 de mayo, cuando declaran los otros dos miembros de la Mesa del Parlament imputados, Lluís Corominas y Ramona Barrufet.
Al acto de apoyo también acudirán representantes del Govern, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de diputados y ediles de partidos como ERC, la CUP, Convergència o En Común. Ayer, el TSJC rechazó el último intento de Forcadell de no ir a declarar ante el tribunal al no admitir el recurso de la presidenta del Parlament para que se archivase la causa, ya que el Estatut garantiza «la inviolabilidad parlamentaria» de los diputados.
EL MUNDO – 06/05/17