EL MUNDO – 22/04/17
· Las suspicacias entre los miembros de Junts pel Sí provocaron que ayer el Gobierno catalán se reuniera en el Palau de la Generalitat y proclamara, por escrito y con toda solemnidad, lo mismo que lleva repitiendo desde septiembre del año pasado: que «organizará, convocará y celebrará» un referéndum de independencia.
El acto, que se improvisó en la reunión del Govern del pasado martes después de que los enfrentamientos entre el PDeCAT y ERC dejasen muchas dudas en el independentismo, reunió no sólo a todos los consellers catalanes, sino también a los secretarios y directores generales de la Generalitat. En total, unas 190 personas firmaron el documento, que se presentó con una foto de familia en el Patio dels Tarongers del Palau.
Esta presencia masiva de dirigentes se explica por la última resolución del Tribunal Constitucional que, cuando anuló las disposiciones de los Presupuestos destinadas a financiar el referéndum, advirtió de las posibles consecuencias penales no sólo a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus consellers, sino también a otros cargos de la Generalitat.
Además, el compromiso buscaba calmar a los independentistas más impacientes –los que, como la CUP, exigen que el Govern ponga ya fecha y pregunta a la votación–, y a los que se alarmaron cuando Junqueras abrió la puerta a alternativas al referéndum como la declaración unilateral de independencia.
El acto se inició con la lectura del «compromiso», a cargo de la directora de la Institución de las Letras Catalanas, Laura Borràs. Empezó afirmando que «la historia de la nación catalana ha estado marcada por la lucha por la libertad», para después criticar la actuación del Estado contra esa «lucha».
El manifiesto compara hechos históricos como la derrota de los austracistas en la Guerra de Sucesión, la Guerra Civil o la dictadura franquista con la «mutilación» del último Estatut a manos del TC o la inhabilitación de Artur Mas «por poner las urnas» en la consulta del 9 de noviembre de 2014.
«En estos momentos nos volvemos a encontrar en otra encrucijada histórica. Mientras una inmensa mayoría de catalanes queremos decidir nuestro futuro en un referéndum acordado, el Gobierno de España rechaza esta posibilidad y la única respuesta que hemos recibido ha sido la vía judicial», dice el manifiesto.
El texto sirve también para que el Govern «en su conjunto» reitere «su compromiso con la celebración del referéndum que debe convertirse en el ejercicio práctico de un derecho inalienable: el derecho a la autodeterminación». «Todos y cada uno de los miembros de este Govern nos hacemos responsables de esta tarea, y nos comprometemos a llevarla a cabo y a aplicar los resultados», concluye.
La insistencia en el compromiso de todos los miembros del Govern se debe a las acusaciones veladas que se han cruzado en las últimas semanas entre PDeCAT y ERC. Ambos partidos, según explican sus socios en privado, buscan esquivar las inhabilitaciones, pensando más en unas elecciones anticipadas que en un referéndum que todos ven muy difícil de celebrar.
Después de la lectura del manifiesto, todos los consellers–incluidos los que han expresado una mayor reticencia con el «choque de trenes» y los que están llamados a un papel más crucial, como el titular de Interior y jefe de los Mossos, Jordi Jané– firmaron el texto uno por uno, con suntuosidad. Tras ellos, ya en una sala apartada de los focos, lo hicieron el resto de altos cargos.
El vicepresidente Junqueras y el presidente Puigdemont cerraron el acto con unas breves palabras. Junqueras subrayó de nuevo el «compromiso de todos» y «la conjura» por la celebración de un plebiscito, al que el Gobierno español se opone frontalmente y que los independentistas quieren celebrar antes de que acabe el mes de septiembre.
Puigdemont, muy parco, protestó por las «amenazas» del Estado y dio por hecho que los catalanes «decidirán su futuro en las urnas».
Pero el acto de ayer sólo convenció al Govern. Incluso la CUP, que ayudó a aprobar los Presupuestos de la Generalitat y secunda el referéndum, vio en la firma del compromiso de «reafirmación» de ayer una estrategia del Govern para salir al paso de sus «contradicciones» internas. También Ada Colau, cuyo apoyo persiguen desesperadamente los independentistas, se desmarcó. «No aporta ninguna novedad», dijo la alcaldesa de Barcelona.
Casi con la misma tesis, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el manifiesto del Ejecutivo catalán «no aporta absolutamente nada» y que carece de «carácter jurídico».
EL MUNDO – 22/04/17