El Govern salió ayer en defensa del nuevo director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, pese al alud de críticas y denuncias que han provocado sus mensajes ofensivos en Twitter contra «los españoles» y contra casi todas las posturas contrarias a las de su partido, el PDeCat. A raíz de sus publicaciones en la red social, la oposición en el Parlament exigió ayer, de forma infructuosa, que su nombramiento fuera frenado para no situar al frente de la policía autonómica a un político al que tacharon de «xenófobo» o rallano en «la incitación al odio».
El también flamante nuevo portavoz del Ejecutivo, Jordi Turull, se estrenó ayer en el atril con una doble estrategia: minimizar el sentido insultante que casi todos otorgan a los mensajes de Soler y, al mismo tiempo, protegerle de las críticas con un nuevo ataque a la Policía Nacional por la presunta trama contra el soberanismo que investiga la Justicia y el Congreso. «Miren en su casa si todo el mundo actúa de acuerdo con la ley», instó a los responsables del Ministerio del Interior.
Para quitar importancia a los exabruptos del director de los Mossos, Turull tiró de interpretación original, por ejemplo, en el caso de uno de los tuits más polémicos. Pere Soler escribió en 2016: «Vayámonos ya. Me dais pena todos los españoles». El portavoz del Govern dijo ayer que, en realidad, era una suerte de mensaje oculto de fraternidad entre pueblos: «Se refería a que, como los catalanes tenemos un proyecto para no depender de un Estado que ya vemos cómo nos trata, en los ciudadanos españoles, que tienen toda nuestra estima y aprecio, este proyecto no se ve».
Turull también defendió que los mensajes «sacados de contexto se pueden interpretar» de distintas formas y se mostró sarcástico con las críticas que ha cosechado Soler por su falta de neutralidad política pese al cargo que asume. «Si alguien se esperaba que el conseller nombrara a un director de la policía simpatizante del PP o de Cs, lamentamos decepcionarlos», zanjó.
La purga de cargos dubitativos o contrarios al referéndum del 1 de octubre en el Departamento de Interior ha avivado la tensión entre los responsables de los Mossos y el ministro Juan Ignacio Zoido. Menos de una semana después de mostrar en el Palau de la Generalitat un acercamiento con la inclusión de los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), las críticas entre ambos departamentos han vuelto a ser la norma. A las dudas del Govern de «que toda la Policía española actúe de acuerdo con la ley» precedió la denuncia del ministro por la «deriva radical» que, en su opinión, se ha inyectado a los Mossos y a todo el Departamento de Interior en general.
En menos de una semana, la cúpula de los Mossos ha sido cercenada y sustituida por políticos dispuestos a llegar hasta el final con la celebración del referéndum. A la destitución de Jordi Jané como conseller, se sumó la dimisión de Albert Batlle como director de los Mossos. Además, ayer se conoció también la renuncia de Frederic Adán como responsable del 112. Una concatenación de cambios de cuyas «graves consecuencias» advirtió ayer Zoido. Entre ellas, teme que se pida a los Mossos d’Esquadra que no cumplan con las órdenes de los jueces para evitar el referéndum del 1-O. «Espero que a nadie se le pase por la cabeza que puedan ser condicionados u obligados a que hagan una cosa distinta de la que la ley les obliga».
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este diario descartaron ayer, en todo caso, que los avances logrados durante la Junta de Seguridad celebrada el 10 de julio –entre ellos la inclusión de los Mossos en el Citco– vayan a verse afectadas por los cambios ejecutados por el Govern.