El Govern tiene un problema con la locuacidad de sus dirigentes más mediáticos. Si el juez Santi Vidal ya provocó un terremoto cuando dijo que la Generalitat ha obtenido de forma ilegal datos fiscales de los catalanes, ahora es Lluís Llach el protagonista de la polémica. El cantautor, diputado de Junts pel Sí, ha dicho en varias conferencias que el Ejecutivo catalán sancionará a los funcionarios que no acaten la «desconexión» con el resto de España que promueven los soberanistas.
Hay sin embargo grandes diferencias entre cómo reaccionó el Govern con Vidal, obligado a dejar de manera fulminante su acta de senador, y cómo lo hizo ayer con Llach. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, evitó censurar al diputado de Junts pel Sí, y, pese a que aseguró que el Ejecutivo catalán «protegerá» la «seguridad jurídica» de los funcionarios, dejó la puerta abierta a las sanciones. «Las leyes nos obligan a todos, en cada momento y según el marco legal vigente», dijo para comentar las declaraciones de Llach, divulgadas ayer por El País.
Poco después, en el Parlament, el portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, fue aún más claro. Según él, las palabras de Llach son «una obviedad, porque todas las leyes generan derechos y deberes».
El conocido cantautor se ha destacado esta legislatura como uno de los diputados más activos de Junts pel Sí. Y, como tal, asociaciones como Òmnium Cultural y la ANC le han requerido –como ya sucedió con Santi Vidal– para pronunciar conferencias, en las que trataba de insuflar ánimos a los independentistas.
«En el momento en que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. Y el que no la cumpla será sancionado. Por tanto, se lo tendrán que pensar muy bien», dijo por ejemplo en un acto en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) en marzo.
«Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son bastante reacios a lo que estamos haciendo», añadió durante la misma conferencia.
La posibilidad de que se sancione a funcionarios cuando se apruebe la principal de las «leyes de desconexión» –los independentistas planean presentarla por sorpresa y votarla por la vía de urgencia, seguramente durante el verano– puso ayer en alerta a los sindicatos y a la oposición.
CCOO y UGT exigieron al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que garantice la seguridad jurídica de los trabajadores públicos, y al Govern que se desmarque de las declaraciones de Llach, que consideran «una grave irresponsabilidad» y del todo «inaceptables». CSIF también dijo que defenderá a los funcionarios «ante las amenazas», y los sindicatos de los Mossos d’Esquadra exigieron que se deje fuera del debate político al cuerpo policial.
Ciudadanos ya anunció que pedirá las comparecencias parlamentarias de Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras, de la consellera de Gobernación Meritxell Borràs, y del propio Llach para que expliquen esas declaraciones.