SANTIAGO GONZÁLEZ-El Mundo

El informe final de la Fiscalía sobre la insurrección de los presuntos golpistas hoy sentados en el banquillo estuvo a la altura de los acontecimientos. El fiscal Javier Zaragoza calificó los hechos como un delito de rebelión y al proceso en su conjunto como un golpe de estado. Para mejor definirlo, se apoyó en la autoridad jurídica de Hans Kelsen para definir el golpe de estado: «La sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales». Eso es exactamente un golpe de estado, que no tiene por qué responder al formato de una facción del ejército levantada en armas contra el poder legítimo.

Fue además, un golpe en el que se hizo uso de la violencia públicamente, según el informe final de la Fiscalía lo que encuadra los hechos en un delito de rebelión (arts. 472 y siguientes del Código Penal). Lo que ha venido en llamarse el procés fue en realidad un ataque a la Constitución española por métodos ilegales, coactivos y usando la violencia cuando convino. El golpe se apoyó en el Parlamento de Cataluña, en la Generalidad y en las asociaciones más o menos civiles, como la ANC y Òmnium Cultural, que con tanta eficacia lideraron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, agentes dinamizadores según calificación de la Fiscalía. Particularmente justa es la calificación del principal acusado, Oriol Junqueras como «un experto en sofismas» y autor de un «ejercicio de cinismo sin precedentes», al acusar al Estado de negarse al diálogo, cuando fueron él y los suyos quienes se negaron a dialogar en el marco que la legalidad prevé para tal actividad. El diálogo en democracia, tiene estas limitaciones: ha de producirse entre los agentes adecuados, con respeto a la ley y en las instituciones adecuadas, pero los golpistas tienden a las analogías tontas, como creer que el referéndum ilegal del 1-O es un hecho democrático. Hubo votos, pero sin procedimiento, sin respeto a ley y sin garantías.

El 1-O se rompió la legalidad, el referéndum fue convocado por quien no tenía competencias para hacerlo, fue violento, como explicó el fiscal Moreno y tal como calificó la fiscal Consuelo Madrigal, que se encargó de la malversación, «a las organizaciones criminales les resulta muy sencillo lo suyo cuando ocupan las responsabilidades más altas en una Comunidad Autónoma». Y el fiscal Cadena insistió en la tipificación de los hechos como rebelión.

La gente de mi generación tiene como ejemplo de golpe el del general Pinochet contra el Gobierno que presidía Allende, el bombardeo de la Casa de la Moneda, etc., pero no es el único modelo. Pocos años después, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, perpetró un autogolpe en abril de 1992, al disolver el Congreso, suspender la Constitución y convocar elecciones para un Congreso Constituyente.

La tarea de la Fiscalía ha sido impecable; pocas dudas caben de que los procesados van a salir condenados de este juicio, aunque al golpista mayor no se le van a pedir cuentas por el plagio de su tesis doctoral de una obra que publicó Carrera Pujal en cinco tomos en 1946, el plagio de la tesis presidencial ha blanqueado el resto. Habrá condena y habrá indulto, ya verán.