El Partido Nacionalista Vasco no está dispuesto a sumergir a Euskadi en un callejón sin salida como el que se está viviendo en Cataluña. Apuesta por avanzar en el autogobierno y por convocar un referéndum para que los vascos puedan «decidir libre y democráticamente nuestro futuro», pero siempre respetando la legalidad vigente y con el derecho a decidir como objetivo secundario. La principal meta que en estos momentos se plantea Iñigo Urkullu, según explicó ayer en Vitoria, es una «actualización del fondo de poder competencial del autogobierno», es decir, conseguir que el Estado transfiera al Gobierno vasco todavía más competencias.
Tanto el PNV, como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, las que serán las tres fuerzas mayoritarias en el próximo Parlamento vasco salvo fracaso unánime de los sondeos, plantean una reforma del Estatuto de Gernika, vigente desde 1979, pero con diferentes caminos y propósitos. La ruptura y la independencia son los objetivos de la izquierda abertzale; Podemos trata de dotar a esa ambición de un revestimiento social, y los nacionalistas hablan de un gran acuerdo construido a partir del consenso entre todas las fuerzas políticas del Parlamento Vasco.
El lehendakari esbozó ayer los siete «pasos» del que podría denominarse Plan Urkullu para lograr ese objetivo. El primero y el segundo de ellos hablan precisamente de un acuerdo en el parlamento autonómico que respete las «identidades plurales» de los vascos. Ya en el tercero de esos puntos, Urkullu deja claro que el acuerdo ha de estar «sustentado en la legalidad» vigente, pero también en el «principio democrático», entendiendo por ello que ha de contar con el refrendo directo y claro de la ciudadanía. Por eso, antes de remitir el texto al Congreso, se celebraría en Euskadi una «consulta habilitante», para que los ciudadanos dieran su visto bueno directamente a ese acuerdo.
Esta circunstancia, entiende Urkullu, obligaría al Estado a «asumir la obligación de negociar y acordar los ajustes legales precisos para responder al deseo expresado por la ciudadanía». O dicho de otra manera, el PNV asume que el Gobierno podría bloquear una reforma de Estatuto aprobada en el Parlamento vasco, pero no si ésta ha sido respaldada mayoritariamente por los vascos mediante referéndum.
Los dos siguientes puntos del Plan Urkullu tienen que ver con esa negociación entre «el Estado» –el PNV no menciona directamente al Gobierno central– y el Gobierno vasco. Para el PNV, resulta imperativo que el Estado reconozca en primer lugar «la realidad nacional de Euskadi» y «la identidad nacional del pueblo vasco (que abarca Navarra y el País Vasco francés)» y en segundo lugar «una relación de bilateralidad con garantías», una de las viejas demandas del nacionalismo vasco.
El sexto punto es la incorporación del nuevo acuerdo a la legislación nacional, mediante la tramitación como Ley Orgánica en el Congreso y su posterior aprobación. El Plan Urkullu se cerraría con un referéndum de ratificación en Euskadi del nuevo «acuerdo-estatus». No habla aquí de un referéndum de independencia.
«No es una vía de ruptura», quiso recalcar ayer Urkullu, quien se comprometió a avanzar siempre «por medios de las vías legales y a través del principio democrático». Rechaza así el ofrecimiento de EH Bildu para formar una gran coalición junto a Podemos que tenga como objetivo la consecución del derecho a decidir, bien mediante acuerdo, bien de manera unilateral si la primera vía fracasa. Podemos tampoco está dispuesto a morder el anzuelo de la izquierda abertzale.