EL PAÍS 26/04/17
EDITORIAL
· El diputado Lluís Llach pide sanciones a quienes no secunden la “desconexión”
A medida que se acerca la fecha de la autoconvocatoria de un referéndum ilegal, el procés soberanista catalán extrema sus aristas más autoritarias. Y se olvida de la prometida “revolución de las sonrisas” emprendida “con ilusión” por tantos ciudadanos de buena fe.
Hace tres meses estalló el caso del (ya ex) senador de Esquerra y exjuez Santiago Vidal. En distintas conferencias Vidal aseguró que el Gobierno catalán estaba desarrollando preparativos ilegales y delictivos para la consulta. Como la fabricación de una base de datos fiscales: sin tener competencia para ello y atentando contra la legislación de protección de datos.
Al coincidir sus ideas con las llamadas oficiales a desobedecer las leyes y los guiños de presunta “astucia” de Artur Mas y sus herederos, el escándalo fue mayúsculo, pues hizo verosímil un masivo atentado a la intimidad de los catalanes. Y en consecuencia, el senador fue obligado a dimitir y se abrió una investigación que está inconclusa aunque provisionalmente es favorable a la Administración examinada: algo ridículamente obvio dado que la Generalitat era investigadora e investigada al tiempo.
Llega ahora el caso Llach. En distintas conferencias el conocido cantautor y diputado autonómico aumenta la apuesta y vierte amenazas contra sus conciudadanos. Contra todos aquellos que se nieguen a arrodillarse ante la ley de desconexión —pieza clave de la separación exprés que ultima el Ejecutivo de Carles Puigdemont— y continúen cumpliendo sus obligaciones fiscales de forma legal, ante la Agencia Tributaria común. Y con una amenaza específica de sanciones a los funcionarios, figurando en lugar destacado los Mossos d’Esquadra que osaran seguir mostrando su lealtad a la democracia y el Estado de derecho.
El diputado califica el efecto de ese texto de “sacudida”, algo propio de golpes parlamentarios como este: porque lo sería, al violar la mayoría de dos tercios de escaños exigida para reformar el Estatut. Amén de ser clandestina (Junts pel Sí continúa ocultando un texto tan importante), la ley de desconexión se aprobaría súbitamente tras un cambio alevoso del reglamento parlamentario para dar lugar a una ruptura de facto sin pasar por ninguna urna. Y encima, aventando la amenaza de sanciones a quienes cumplan con la legalidad vigente.
Cuando el capricho propio, la apetencia individual del legislador o la ensoñación de profetas de Ítacas imposibles se convierten en fuente de presunta legitimidad, en vez de la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través de los procedimientos legales vigentes, se llega al dintel del dislate y de la sustitución del Estado de derecho por una autocracia, como aquella que España logró finiquitar al vibrante son, entre otros, de canciones como L’estaca.
Huelgan las amenazas del diputado Llach. Quizá el secesionismo alegue ahora que se trata solo de argumentos inventados para levantar el ánimo de sus huestes. En ese caso, podría hacerlo con otra música, en vez de con estas llamadas de venganza contra conciudadanos inocentes, que colocan en la bóveda del discurso independentista la apelación al odio y a la división de los catalanes.
Cuando el procés fermenta amenazas así, empieza a provocar no solo la fatiga de los ciudadanos. También su asco.