Harto de que el Govern avance en su plan independentista ocultando los detalles de las leyes con las que pretende consumar la secesión, el PSC ha orquestado una estrategia para tratar de forzar al Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont a poner a disposición del Parlament toda la información sobre el proyecto de «desconexión» que urde junto a la CUP.
Los socialistas catalanes presionarán al Govern a través de dos mociones parlamentarias en las que le instan a facilitar toda la información relacionada con las leyes y estructuras de Estado que está desarrollando para separarse del resto de España.
Las mociones del PSC llegarán al Pleno del Parlament que se celebra el próximo día 22, justo una semana después de que el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, comparezca en la Cámara para dar explicaciones sobre las palabras del ex juez y ex senador de ERC, Santiago Vidal, en las que aseguraba que el Govern estaba accediendo ilegalmente a datos fiscales de los catalanes para armar su Hacienda propia.
El partido liderado por Miquel Iceta reclama que el Gabinete de Puigdemont ponga a disposición del Parlament en un plazo máximo de 15 días una memoria escrita con todos los textos legales, borradores o estudios relacionados con una eventual independencia, incluidos los que tienen que ver con el proceso de construcción del fisco catalán al que se refirió el ex magistrado Vidal.
En este sentido, también exigen los socialistas al Govern que garantice el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en la obtención de información fiscal de los catalanes. Actualmente, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) está elaborando una auditoría a petición de la Generalitat, con la que asegura que dejará «muy claro» en el plazo de un mes el origen de los datos fiscales que maneja el Ejecutivo de Puigdemont y Junqueras.
El PSC también quiere conocer el contenido de las reuniones mantenidas entre las consejerías del Govern, así como con las empresas del sector público o entre altos cargos de la Generalitat en las que se haya intercambiado información relativa a una eventual independencia.
Esta solicitud masiva de información no solamente se deriva de las sospechas suscitadas por las aserciones del ex senador de ERC en una conferencia sobre el procés. También se produce después de que Junts pel Sí y la CUP se negaran a revelar el contenido de la conocida como Ley de Transitoriedad Jurídica, la norma en la que el Govern pretende apoyarse para convocar el referéndum de autodeterminación, como muy tarde, el próximo mes de septiembre.
En diciembre, el Govern y el partido anticapitalista aseguraron haber alcanzado un acuerdo para desarrollar este texto legal, pero no lo remitieron al Parlament, con lo que su contenido es, por el momento, secreto.