ABC 24/03/17
· Incluye en la ponencia que aprobará en su Congreso actualizar el principio de neutralidad religiosa
El PSOE quiere «un nuevo pacto de convivencia» en Cataluña, «un nuevo contrato que suponga la actualización del pacto constitucional del 78, manifestando la voluntad renovada de convivencia, pero construido sobre unas nuevas bases de lealtad institucional, de voluntad de acuerdo y de respeto a la singularidad». Así figura en la ponencia marco para su 39 Congreso, que este fin de semana se aprobará en un foro de expertos y que el sábado 1 de abril será ratificada por el Comité Federal.
Los socialistas sostienen que eso solo se podrá conseguir «yendo directamente» a una reforma constitucional «federal» como la que proponen porque, en democracia, la dinámica para encauzar los conflictos es la «reconstrucción» y un referéndum de «autodeterminación» solo en esa comunidad, además de no estar reconocido internacionalmente, no resolvería el problema de convivencia.
Lo que hay que hacer es «restaurar» mediante reformas legislativas acordes a la Carta Magna «todos aquellos elementos de autogobierno que hayan resultado dañados desde la Sentencia [del Tribunal Constitucional] sobre el Estatut»; y que el Gobierno negocie con la Generalitat sobre la base de los 45 puntos reclamados por ésta.
En el texto, coordinado por Eduardo Madina, se pide, por otro lado, regular «el reconocimiento a vivir desconectado del trabajo», como un nuevo derecho de la sociedad digital en la que vivimos ya que «por primera vez en la historia, la jornada laboral no termina con la salida del centro de trabajo».
Además, el PSOE considera que después de 39 años de Carta Magna hay que «actualizar el principio de neutralidad religiosa» e incluir los «elementos esenciales» del sistema de financiación autonómica, según se señala en la ponencia. Y respecto al origen del conflicto que vive el PSOE desde las elecciones del 20-D de 2015 por la negativa a apoyar la investidura de Mariano Rajoy, el texto señala que es preciso reformar el procedimiento de investidura del Presidente del Gobierno en el artículo 99 de la Constitución, «de tal manera que no puedan repetirse nunca más situaciones de bloqueo como las vividas en el pasado reciente». No se trata de reformar la Ley Electoral, sino de cambiar la ley para que, tras sucesivas votaciones fallidas, acabe gobernando el más votado.