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Puigdemont señala que no debe sorprender que se recurra a la movilización ciudadana

Cinco años después de que arrancase el proceso soberanista –coincidiendo con la primera Diada multitudinaria, en 2012–, el anunciado «choque de trenes» ya está aquí. De manera previsible, el próximo miércoles la mayoría independentista del Parlament forzará el reglamento de la Cámara para aprobar la ley del Referéndum, para a continuación, una vez publicada la ley en la versión electrónica del Diario Oficial de la Generalitat, el Gobierno catalán que preside Carles Puigdemont firme de manera colegiada el decreto de convocatoria de la consulta.

Semana decisiva El independentismo eleva el tono ante una semana en la que previsiblemente se convocará la consulta Salir a la calle Puigdemont se suma a la tesis de ERC, la CUP y la ANC sobre una respuesta soberanista en la calle

A partir de ese momento, Cataluña, y España en su conjunto, entran en «terra ignota», como en su momento definió el expresidente Artur Mas. La respuesta del Gobierno es la anunciada –recurso ante el Tribunal Constitucional, de entrada–, en lo que se intuye que va a ser una escalada sin final conocido: por parte del Gobierno, utilización de alguno de los instrumentos legales a su alcance –ley de Seguridad Nacional, 155…–; por parte del independentismo, una irresponsable voluntad de desobedecer y un cada vez más recurrente aviso de la posibilidad de acabar recurriendo a la movilización callejera. Hasta qué punto está dispuesto a llegar el secesionismo es ahora la principal incógnita.

Por lo pronto, el tono declarativo, entre la épica y la amenaza, anticipa una voluntad de ir hasta el final. Ayer mismo, el presidente Carles Puigdemont anunciaba en «La Vanguardia» su disposición a la desobediencia. «No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo», apuntaba en una entrevista en la que también aseguraba que «no me quita el sueño ninguno de los escenarios», en alusión a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, «pero no veo qué puede resolver ese tipo de intervención».

«Esta vez va la vencida»
En la misma entrevista, y tras señalar que «todo el mundo sabe íntimamente que esta vez va la vencida», Puigdemont se alineaba con las tesis más radicales planteadas por ERC, la CUP y las organizaciones que impulsan el proceso, ANC y Òmnium, que han planteado la «movilización permanente» y la ocupación de puntos estratégicos como respuesta a una intervención del Estado contra el 1-O. «Es un proceso que no es solo de la política y de las instituciones. Nace en la calle y continuará vivo en la calle, así que a nadie le debe sorprender que pueda continuar teniendo expresiones en la calle», apuntó Puigdemont sin descartar ningún escenario.

Lo expresado por Puigdemont coincide con la postura de ERC, cuya secretaria general, Marta Rovira, apuntaba ayer a Efe que «si hubiese una ofensiva del Gobierno español para retirar urnas, entonces evidentemente movilizaremos a los ciudadanos para que esto no pase y para que el Gobierno de la Generalitat y la administración electoral constituida puedan garantizar que los colegios electorales abran con normalidad».

La escalada parece pues imparable. Ante ello, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, recordaba que si el soberanismo decide tramitar este miércoles la ley del referéndum «el Gobierno va a utilizar todos los recursos del Estado de Derecho para dar una respuesta proporcional, pero firme a este golpe de Estado». Antes de que eso suceda, Albiol pidió al presidente Puigdemont que reflexione y le recordó que tiene las puertas de La Moncloa abiertas «siempre y cuando quiera hacer algún tipo de propuesta que se ajuste a la legalidad».

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, aseguró ayer que, si finalmente se convoca el referéndum, los socialistas catalanes harán un llamamiento a sus votantes y a la ciudadanía en general para que no acudan a votar en la consulta. En declaraciones a Efe, el primer secretario socialista alertó además que la Ley de Transitoriedad Jurídica que prevén aprobar Junts pel Sí y la CUP tiene, a su juicio, sólo dos objetivos: intentar demostrar al mundo independentista que «se va en serio»; y «atemorizar» a los no independentistas para que acudan a votar «no» y así aumentar la eventual cifra de participación.