El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer la parte de la Ley de Presupuesto de Cataluña que podría ir destinada a la celebración de un referéndum. La suspensión cautelar es consecuencia de la decisión del TC de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. Los preceptos afectados son las «medidas en materia de organización y gestión del proceso refrendario» y tres partidas presupuestarias que suman 6,4 millones. Se trata de la primera decisión adoptada por el TC en su nueva composición, tras la incorporación de tres nuevos magistrados. Como en la etapa anterior, se ha resuelto por unanimidad del Pleno, ahora presidido por Juan José González Rivas.
Los 12 magistrados aceptan también la petición de la Abogacía del Estado de notificar la decisión a 19 personas, con el apercibimiento de que incurrirán en responsabilidades penales si no la acatan. Se trata del president, Carles Puigdemont, todos sus consejeros, el secretario del Govern, el secretario general de Vicepresidencia y de Economía, la interventora general y las directoras generales de Contratación Pública y Presupuestos.
A todos les advierte de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión». Siguiendo la petición del recurso, añade de forma exhaustiva que no pueden «iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno» sobre esos fondos ni usar cualesquiera otros para financiar «cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración» del referéndum. Tampoco, «especialmente», licitar los preparativos, algo que ya se había producido cuando se produjo la suspensión cautelar del 9-N. Esta vez las prohibiciones del TC han llegado mucho antes.