El Tribunal ‘no descarta’ que Mas creyese que el 9-N era legal

EL MUNDO 14/03/17

El ex presidente de Cataluña Artur Mas fue condenado ayer a dos años de inhabilitación por desobediencia. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no es firme y Mas ha anunciado que recurrirá. ¿Significa eso que se suspende su ejecución hasta que el Supremo resuelva y que el ex president podría entretanto presentarse a las elecciones? La respuesta es no.


¿Por qué no se suspende la inhabilitación mientras se resuelve el recurso?
Porque la Ley Electoral declara inelegibles a «los condenados por sentencia, aunque no sea firme», por delitos contra la Administración Pública (y la desobediencia está entre ellos) castigados con inhabilitación especial para empleo o cargo público. Se trata de una reforma operada en 2011 y dirigida a dificultar la participación política del entorno de ETA. La líder de UPyD, Rosa Díez, introdujo una enmienda que extendió sus efectos a los delitos relacionados con la corrupción y los desafíos separatistas.

¿Cuáles son los efectos para Irene Rigau, que es diputada autonómica?
Ni Artur Mas, ni la ex vicepresidenta Joana Ortega ni la ex consejera de Educación Irene Rigau pueden concurrir en ningún proceso electoral, por tanto, desde ya mismo, al estar inhabilitados «para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal», durante dos años en el caso de Mas, 21 meses en el de Ortega y 18 en el de Rigau. Pero para esta última hay una consecuencia añadida: es diputada en el Parlament y las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Es decir, que aparentemente la Cámara catalana debería despojarla de su acta de diputada en cuanto se le comunique la resolución del TSJ, sin esperar a que el Supremo dicte sentencia firme. Éste ha sido el criterio de la Junta Electoral cuando se le ha planteado esa consulta.

¿Puede Mas ocupar otro cargo público hasta que decida el Supremo?
La sentencia precisa que la inhabilitación no se limita a los cargos electivos, sino que incluye «el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado». Sin embargo, este inciso no está afectado por la Ley Electoral, por lo que Mas, Ortega y Rigau podrían ser designados consejeros o altos cargos de otra categoría durante el lapso de tiempo hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme.

¿Por qué es tan baja la pena impuesta a Artur Mas?
La Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación para el ex president por desobediencia y prevaricación, pero Mas y sus compañeras de banquillo han sido absueltos de este segundo delito, que es el que conlleva una penalidad más alta. Esto es: los jueces creen que el ex president desobedeció el mandato «claro, expreso, concreto y terminante» del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el 9-N y que, al hacerlo, «pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio de poderes» e «hizo quebrar una regla básica imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales».

Pero, paradójicamente, al mismo tiempo el TSJ concluye que Mas no cometió sin embargo «una arbitrariedad que desborde la inherente al hecho desobediente». Para ello, los magistrados se apoyan en la sentencia del Constitucional de marzo de 2014 que anuló la declaración soberanista del Parlament que arrogaba para Cataluña la facultad de convocar un referéndum unilateral. En esa resolución, el TC decía que puede hacerse una «interpretación constitucional» del «derecho a decidir», que consistiría en definirlo como «una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional». Y así, pese a admitir que «en nada ha variado desde entonces la legalidad constitucional», el tribunal catalán dice que, atendiendo a esa sentencia y a la ley catalana de consultas, «no puede descartarse» que Mas interpretase, aunque su razonamiento fuese «erróneo», que el 9-N podía ser legal.

¿Qué ocurrirá con Mas, Ortega y Rigau cuando dicte sentencia el Supremo?
La sentencia que el Supremo dicte en los próximos días sobre Francesc Homs por los mismos hechos permitirá anticipar el criterio que aplicará a Mas, Ortega y Rigau. Los condenados pueden ser absueltos, en cuyo caso recuperan su derecho al sufragio pasivo, aunque a Rigau no se le devolverá el acta; si la Fiscalía o la acción popular lo piden, puede ocurrir que se incremente la pena, en cuyo caso la inhabilitación se extenderá por el plazo que corresponda; y puede suceder, por último, que la mantenga: Mas tendría entonces vía libre para ser candidato en 2019.