Tonia Etxarri-El Correo
Lo que está viendo Europa es que se está celebrando un juicio penal, y no político
Los acusados de haber promovido una secesión unilateral en Cataluña se han explayado a gusto durante los primeros días del juicio ante el Tribunal Supremo. Sin interrupciones. Sin límites. Con la venia y la paciencia del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena. Han podido desahogarse en sus alegatos contra España. Que, según ellos, no es un Estado democrático porque les impide votar en referéndums secesionistas que la Constitución no contempla. Pero, en sus mítines en sede judicial, no han podido resolver el gran enigma de este ‘sudoku’: si ellos están siendo juzgados «por ser independentistas» o «por haber puesto las urnas», ¿por qué no están, entonces, en su misma situación tantos y tantos políticos secesionistas que sueñan y promueven la ruptura de España?
El tribunal decidirá qué parte de las defensas que ha escuchado hasta ahora han reproducido algo de la realidad o contiene ‘gato encerrado’. A partir de esta semana se abre la etapa más interesante desde el punto de vista jurídico porque comparecen los testigos. Los acusados tienen derecho a mentir. Pero los testigos, no. Entre los 500 de los que desfilarán ante el tribunal figuran Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el lehendakari Urkullu y Ada Colau. No podrán faltar a la verdad. El lehendakari contará su papel de mediador entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat cuando quiso convencer a Puigdemont que convocara él las elecciones autonómicas. Rajoy y la exvicepresidenta recordarán sus múltiples trámites de ‘incidentes de ejecución’ para declarar nulas las proclamas del Parlamento catalán. Después aplicarían el artículo 155 de la Constitución.
Pero la aportación de las pruebas documentales será determinante para saber si se cometió, o no, delito de rebelión. Los acusados se han centrado en negar que la convocatoria y celebración del referéndum ilegal fuera constitutivo de delito. Pero saben que se la juegan con el delito de rebelión. Porque las penas que conlleva son más graves que las del resto de vulneraciones. Aunque la Abogacía del Estado retirara la palabra ‘violencia’. Aunque el propio Pedro Sánchez renegara de la denominación del delito de rebelión en sede parlamentaria. Es el momento de las pruebas. ¿Hubo rebelión? ¿O tan solo sedición? Sostienen muchos penalistas que se puede violentar situaciones de muchas maneras. El juez Llarena, en su auto de instrucción, especificaba que no se trató de la rebelión de una muchedumbre para tomar el poder. Que ya lo tenía. Que los hechos consistieron en una rebelión desde el poder. Ahí reside una de las claves. La libertad de expresión la tienen los individuos, claro. Pero no los poderes públicos cuyos representantes están obligados a aplicar y hacer cumplir la ley. Veremos cómo se va desarrollando el juicio.
Los independentistas solo hablan de la violencia que ejerció la Policía contra los ciudadanos que habían ocupado algunos colegios para poder votar el 1-0 de 2017. Recurriendo sistemáticamente a esos mil heridos que nadie vio. Si hubieran existido, TV3 habría pasado las imágenes de las autoridades de la Generalitat visitando a los afectados en los hospitales. Pero esas imágenes no figuran. Hubo, sin embargo, más episodios de máxima tensión. El cerco a los funcionarios policiales el 20 de setiembre de 2017 cuando registraban la sede de la Consejería de Economía. Con el destrozo de vehículos oficiales de la Guardia Civil. Y la letrada Montserrat del Toro escapando a través de la azotea del edificio. Porque a ella, al revés que en el caso de Artur Mas y otros parlamentarios acosados en el año 2011, no le esperaba ningún helicóptero para facilitarle la fuga. En la calle, en el momento más álgido, llegaron a concentrarse 40.000 manifestantes. El testimonio de los acorralados en aquella situación será esclarecedor. Como lo será el de los dueños de los hoteles que sufrieron amenazas y ‘escraches’ por haber hospedado, en aquellos días de furia, a policías y guardias civiles. Se trata de ir analizando los hechos.
Los acusados, que se toman este juicio como un paso intermedio para acudir a Estrasburgo, no tienen queja de cómo se está desarrollando la vista. El Supremo está garantizando todos sus derechos. Y lo que está viendo Europa es que se está celebrando un juicio penal y no un juicio político. En el banquillo se estarán percatando de que su causa no está generando la movilización que esperaban. Al final se impone la normalidad democrática.