ABC 02/03/15
· España es para muchos jóvenes un santuario donde pueden estudiar y decir lo que piensan
Han venido a España para estudiar, pero hay una lección que traen ya bien aprendida de su país: «En Venezuela manifestar tu opinión es delito y la condena puede ser pagar con la vida», aseguran. Esa es la enseñanza que de la trágica muerte de Kluiverth Roa –el muchacho de 14 años abatido por varios balazos de la Policía el pasado martes en San Cristóbal de Táchira– han extraído los jóvenes integrantes de la delegación española de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior (AEVE). Así lo expresaron el pasado viernes en una rueda de prensa en Madrid, capital europea donde han recalado atraídos por su oferta académica y repelidos por la situación de violencia, desabastecimiento y tensión política de su patria.
· Problemas financieros: Sus familias tienen dinero para que puedan estudiar en el exterior, pero el régimen no les deja sacarlo
En España los arropan instituciones académicas públicas y privadas, y también activos miembros de la oposición venezolana. Uno de ellos, Alberto Pérez, miembro de Voluntad Popular, dijo lo que, según ellos, no puede decirse libremente en Venezuela: «Es sencillamente atroz ver a un niño de 14 años morir por un disparo de un policía en la cabeza».
La indignación se ha desbordado por la muerte de Roa, una más desde que el pasado mes de febrero estallaron las protestas contra el Gobierno de Maduro. Según observadores como la ONG Amnistía Internacional, van ya al menos 44.
Represión armada
Para los jóvenes de AEVE, en nada palía la situación que Javier Mora, el funcionario de 23 años que, presuntamente, disparó a bocajarro al chaval esté formalmente acusado de homicidio intencionado. Tampoco que el presidente Nicolás Maduro se apresurara tras la noticia a afirmar que «en Venezuela está prohibida la represión armada».
La última víctima mortal de los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes ha vuelto a poner el foco sobre la controvertida resolución 08610 del Ministerio de Defensa, que autoriza a los militares el empleo de «fuerza potencialmente mortal» como «último recurso» para mantener el orden en manifestaciones que se tornen violentas. Tan polémica disposición ha sido denunciada por destacados juristas, que afirman que choca con el artículo 68 de la Constitución, que prohíbe explícitamente «el uso de armas de fuego y otras sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
«Verdades» como esta, alegan los disidentes, no pueden expresarse sin cortapisas en la República Bolivariana. Así que España se ha convertido para ellos en un santuario donde pueden estudiar y, además, decir sin temor a represalias lo que piensan. Más que eso: en España, ellos se han convertido en el vehículo mediante el cual elevar sus demandas hasta altas instancias internacionales.
La semana pasada, los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo demandaron la puesta en libertad del encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y el fin de la violencia, una iniciativa promovida por los diputados españoles de PP y UPyD. Alberto Pérez, de la opositora Voluntad Popular, agradeció que « España estásie ndo nuest ra puerta de entrada» y enfatizó que la introducción de la problemática venezolana en la agenda comunitaria es fruto de «un trabajo de lobby político de años».
«Burguesía golpista»
Pero, según el relato de los universitarios, no son el clima político opresivo ni la «brutalidad» de las fuerzas del orden las únicas armas con las que el régimen chavista los hostiga. Muchos sufren el otro gran desbarajuste de la Venezuela actual, el financiero. Proceden en su mayoría de familias con cierto poder adquisitivo, la «burguesía golpista», para la retórica oficial, y tienen el dinero para pagar sus estudios en el exterior, pero las autoridades no les permiten sacarlo del país.
Para evitar la hemorragia de divisas que desangra unas arcas públicas castigadas en los últimos meses sin piedad por la caída del precio del petróleo, el Gobierno ha hecho cerrar todavía más el puño al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el antiguo Cadivi.
Todo venezolano que quiera cambiar una cantidad significativa de moneda nacional por dólares o euros debe dirigirse a este organismo para obtener la imprescindible autorización, y los miembros de la organización estudiantil se están encontrando con que sus peticiones son rechazadas por sistema: «Ha habido instituciones, como la Universidad de Alcalá de Henares, que aceptaron prorrogar los plazos de pago, pero otras ejercieron presiones para que los estudiantes pagaran y muchos han terminado yéndose de España como si fueran delincuentes», denuncia su secretario, Henry Sosa.