Arcadi Espada-El Mundo

ENTRE LAS innumerables mentiras del Proceso, la más técnica y socialdemócrata es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto provocó la indignación entre los catalanes –siempre los llaman catalanes cuando quieren decir nacionalistas– y que cegada la vía constitucional se echaron a la calle, por no haber ya monte. La afirmación contradice incluso el propio relato nacionalista para el que la negativa del gobierno Rajoy a aceptar una Cataluña vasca en lo fiscal supuso el inicio del Proceso. Hasta tal punto la sentencia dejó heridas indelebles en la ciudadanía propensa que si hoy se pregunta por lo que el TC amputó ninguno de los dos millones de catalunyenses sabrá responder con algo más de balbuceos. Sin embargo, y dado que el ex presidente Zapatero ha propuesto la recuperación de las competencias arruinadas por el tribunal, que el Psoe parece decidido a basar en ellas su propuesta de reforma constitucional y que yo no soy de balbuceos, es higiénico recordar las cuatro barras de sangre más profundas.

1. Fin de la cooficialidad entre castellano y catalán en beneficio del catalán

2. Poder judicial catalán

3. Fin de las competencias compartidas entre el Estado y la Generalidad

4. Solidaridad interterritorial catalana limitada a las comunidades que realicen el mismo esfuerzo fiscal.

A todo esto cabe añadir la intención socialista, ya anunciada por la ministra Batet (que Félix Bornstein citaba el martes en su columna) de exigir el cumplimiento de una supuesta deuda estatal en infraestructuras, recogida en una disposición adicional del Estatuto que el TC solo aceptaba si no suponía privilegios económicos ni obligaba jurídicamente al Estado. Se supone, asimismo, que los socialistas querrán acabar con la interpretación de las alusiones a la «nación catalana» incluidas en el preámbulo del Estatuto: según la sentencia del TC la nación catalana carece de toda naturaleza jurídico-constitucional.

Yo animo al ex presidente Zapatero a que siga presumiendo de Estatuto. Y a los socialistas todos, Borrell incluido, a que se presenten ante los españoles con estas propuestas de reforma en su programa electoral. No para saber si esta aspiración competencial es compatible con la Constitución –que ya está dicho que no– sino con cualquier Estado de España.