A diferencia del referéndum del 2014, que contó con el consenso de las fuerzas políticas y con el visto bueno del entonces primer ministro David Cameron, la nueva consulta –que se celebraría entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019– se enfrenta de antemano al no rotundo de Theresa May. El forcejeo entre las dos damas de hierro de la política británica podría desencadenar una crisis constitucional de imprevisibles consecuencias, en el clímax de las negociaciones con Bruselas.
May ha dejado en el aire la posibilidad de un referéndum en una fecha posterior. El secretario de Estado para Escocia, David Mundell, fue ayer más allá y anticipó que el Gobierno británico bloqueará cualquier intento de celebrar la consulta «hasta primeros de 2020».
«No busco la confrontación con el Gobierno británico y espero que podamos tener un debate sensato», declaró Sturgeon, en el momento de lograr el apoyo de los 63 diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) y de los seis del Partido Verde a su nuevo órdago independentista.
«Espero que el Gobierno respete la voluntad de este Parlamento y que podamos entrar en conversaciones de buena fe y con una voluntad de compromiso», recalcó Sturgeon, que anunció que esperará a que Theresa May invoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa hoy para dirigirle una carta preguntando cómo piensa acatar la votación del Parlamento de Escocia.
Sturgeon advirtió que si no obtiene una respuesta, convocará un nuevo pleno a la vuelta de la pausa de Semana Santa «para determinar qué pasos dará el Gobierno escocés para que progrese la voluntad del Parlamento». De acuerdo con la sección 30 del Acta de Devolución de 1998, el Parlamento escocés tiene la facultad de poner en marcha el proceso de un referéndum de independencia, pero la convocatoria debe ser votada por el Parlamento de Westminster.
El referéndum de 2014 (en el que perdió la independencia por 10 puntos) contó con el respaldo casi unánime de todas las fuerzas políticas. El Partido Conservador podría sin embargo hacer valer en esta ocasión su mayoría para bloquear una nueva consulta independentista en la Cámara de los Comunes. Conservadores y laboristas sellaron precisamente una inusual alianza en el Parlamento de Holyrood, insuficiente para contrarrestar el peso de la mayoría del SNP y el Partido Verde, unidos por la causa independentista.
«La invocación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa va a causar un cambio fundamental, y ese cambio no puede ser impuesto a los escoceses», anticipó Sturgeon, en su último discurso a favor de la polémica ley. «Los escoceses tendrán ahora el derecho a decidir».
La ministra principal aseguró que está de acuerdo con la premier, Theresa May, en que «ahora no es el momento» para un nuevo referéndum de independencia. «Pero el momento llegará en 18 meses, cuando el acuerdo del Brexit esté claro», advirtió. «Por eso tenemos que estar preparados para poder celebrar la consulta entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019».
«Mi argumento es así de simple», recalcó. «Cuando el cambio inevitable del Brexit esté claro, tendríamos que tener el derecho a decidir la naturaleza de ese cambio. El pueblo de Escocia debería tener el derecho a votar entre un Brexit–posiblemente muy duro– o la opción de convertirnos en un país independiente, capaz de decidir nuestro propio camino y crear una auténtica sociedad entre iguales en estas islas».
En su discurso final ante el Parlamento escocés, Sturgeon no volvió a ondear abiertamente la bandera de la permanencia en la Unión Europea, ni anticipó si la opción final será la integración en el Mercado Único desde fuera, a través del Espacio Económico Europeo (EEE) y siguiendo un modelo similar al de Noruega.
En declaraciones previas, la ministra principal criticó la «intransigencia» demostrada por Theresa May en los meses posteriores al voto a favor del Brexit, y reiteró que la voluntad inicial del SNP –antes de romper la baraja con el referéndum– era haber alcanzado un acuerdo para reconocer un «estatus especial» para Escocia en las negociaciones y conseguir una mayor transferencia de competencias (en un modelo al estilo federal).
A su paso reciente por Escocia, el lunes pasado, Theresa May dejó sin embargo claro que no permitirá «un Reino Unido más débil o más suelto» tras la salida de la Unión Europea y recordó que las cuatro naciones (Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales) deben tirar del carro juntas si quieren lograr un buen acuerdo con la UE.
La líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, la más firme alternativa unionista a Sturgeon, intentó impulsar sin éxito una enmienda de rechazo a «la convocatoria precipitada», considerando que «no existe un consenso entre los escoceses o entre las fuerzas políticas» y que sería «injusto» preguntar a los escoceses en mitad de las negociaciones con Bruselas.
«La mayoría de los escoceses no quieren este referéndum, no por miedo sino porque están hastiados de tanta consulta», declaró Ruth Davidson. La líder laborista Kezia Dugdale disparó por su parte a discreción contra Nicola Sturgeon y contra Theresa May, alegando que la encrucijada en la que se encuentra Escocia es «fruto del enfrentamiento entre dos líderes intransigentes».