SANTIAGO GONZÁLEZ-EL MUNDO
Tengo en mi particular museíllo de los horrores la breve crónica de un atraco a una Caja de Ahorros en Balmaseda que publicaba el diario nacionalista Deia hace bastantes años: Tres sujetos provistos de escopetas recortadas irrumpieron en la sucursal y tras amenazar al personal y a los clientes, se dieron a la fuga con un botín de 300.000 pesetas «sin hacer uso de la violencia en ningún momento».
Afortunadamente, organizadores y asistentes no dieron la marcha atrás que el mosso (no muy gallardo) pretendía, se instalaron en la sala en la que se iba a celebrar el acto y efectivamente lo celebraron. La Vanguardia explicaba los hechos incluyendo los porqués: «La asistencia de la candidata del PP por Barcelona (…) ha causado tensión cuando más de 200 estudiantes han protestado por su presencia». Natural, es lo que pasa cuando se va provocando, que a los golpistas en agraz, aprendices de escamots, se les sube la tensión y la bilirrubina.
El incidente es una parábola menor sobre el nivel de la democracia española en el sanchismo. Un presidente autonómico no se siente concernido por el hecho de que una chusma por él subvencionada con dinero de todos los españoles se privaticen el espacio público impidiendo a otros españoles el ejercicio de libertades tan constitucionales como las reconocidas en el Capítulo II de la Carta Magna.
¿Y qué hacen ante esto el partido del Gobierno y el presidente de la tesis improbable? Un tuit. El PSOE publicaba un tuit en el que dejaba las cosas claras, y mostraba el «absoluto rechazo y repulsa» a lo sucedido: «La democracia es siempre respeto y es siempre libertad», decía esa unidad mínima del pensamiento, en un reparto de funciones ejemplar: un poco de moralina difundida por las redes sociales, mientras el Gobierno prefiere no hacer nada por si necesitara los votos de Torra y su gavilla para la próxima invesidura.
Ha hecho bien el candidato Casado en mi opinión al extender la responsabilidad por el escrache de ayer al Gobierno. La «violencia y la intimidación» no son solamente responsabilidad de sus autores directos, sino también «de las instituciones que lo toleran, como la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona» y también «de las que no hacen nada para impedirlo, como el Gobierno de España». ¿Y el candidato por Cádiz? Muy bien, gracias. ¿Desde cuando ha sido responsabilidad del ministro del Interior la libertad de los candidatos en unas elecciones generales? Ni la de los votantes.