Los presos de ETA pretenden cambiar de estrategia para poder «vaciar las cárceles» pero manteniendo su negativa a colaborar con la Justicia o a mostrarse arrepentidos por los asesinatos y demás crímenes cometidos durante sus años de violencia. Por primera vez, el colectivo de reclusos de la organización terrorista está dispuesto a acogerse a los beneficios penitenciarios previstos en la ley para acceder al tercer grado o la libertad condicional. Algo que estaba vetado explícitamente por ETA.
El Ministerio del Interior, para optar a esos beneficios, ha estado exigiendo a los etarras una petición de perdón a las víctimas o, asimismo, ha rechazado cualquier beneficio penitenciario a quienes se negasen a colaborar con los jueces para esclarecer las decenas de causas aún sin resolver. La dirección del colectivo de presos de ETA advirtió ayer de que esos son dos «límites» que no piensan traspasar en modo alguno, pero sí se muestra ahora partidaria de «utilizar las diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico» para salir de las prisiones.
En un comunicado, la dirección del colectivo de presos –llamada EPPK– informa de que someterá esta decisión a debate entre los 350 etarras encarcelados. El texto da por superada la fase de «resistencia» y apuesta por «intentar vaciar las cárceles» a partir de tres pilares: «unidad, solidaridad y unión con el pueblo». Y con las dos líneas rojas mencionadas: el «arrepentimiento» y la «delación».
Dentro de ese contexto, la línea de acción dependería de la situación jurídica de cada preso. Si la propuesta es aprobada, cada etarra decidirá si se aprovecha o no de las posibilidades que ofrezca la ley.
Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo un llamamiento en Sevilla a «mantenerse firmes» ante el desafío de los terroristas y «los eufemismos que tratan de construir los verdugos y sus amigos», a la vez que garantizó que «la violencia y las balas no son, ni van a ser, objeto de diálogo».
En su discurso recogido por Efe durante el acto de toma de posesión de ocho subdelegados del Gobierno en Andalucía, mantuvo que los etarras «seguirán siendo expuestos al inexpugnable imperio de la ley» y que su desarme «sólo tiene un camino: el que marcan los cuerpos de seguridad, desmantelando las estructuras de la banda». «Las víctimas habrán de ser siempre ensalzadas por el sacrificio que se han visto obligadas a hacer por España como consecuencia del odio y el terror », zanjó.
Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, apostó por que el «camino» a recorrer por parte de los etarras sea el de las «medidas legales e individualizadas» previstas en el ordenamiento jurídico. No obstante, se mantuvo prudente.
Desde Sortu, Arkaitz Rodríguez dijo «no le parece razonable» pedir a los presos el «arrepentimiento y la delación» porque forman parte del «relato de vencedores y vencidos».