IGNACIO CAMACHO-ABC
Existe un serio riesgo de que muchos españoles piensen que el 155 no ha servido de nada y que les han tomado el pelo
LA primera medida anunciada por Quim Torra para cuando sea presidente de la Generalitat –si logra que lo elijan– consiste en colocar en la fachada de la sede un gran lazo amarillo. De cómo gobernar no ha dicho nada todavía, pero su trayectoria de activista xenófobo permite hacerse una idea de su estilo. Va a ser una mezcla de provocación y victimismo, pura agitación institucional, confrontación, propaganda y desafío. Para eso lo ha elegido Puigdemont, para profundizar el conflicto, para insistir en la ruptura de facto con España, para mantener vivo el clima de enfrentamiento civil y de trastorno político. Para instalar a Cataluña en la anormalidad crónica, en el caos sostenido; y para utilizar de nuevo todo el aparato oficial al servicio de la estrategia del radicalismo.
Que nadie espere buena voluntad: lo que viene es una fase de humillación al Estado. Por eso el hombre es Torra, un antiespañolista de manual, un supremacista clásico. Un tipo mediocre, opaco, perfectamente consciente del papel de subalterno militante para el que ha sido designado. Su función no será la de organizar un nuevo asalto sino la de mantener caliente el sillón del expresident prófugo y devolver a toda la nomenclatura destituida a sus cargos, a esos despachos que el régimen opresor ni siquiera se atrevió a ocupar por espíritu timorato. El nuevo Govern va a lanzar su maquinaria clientelar a todo trapo para asentar desde el poder el imaginario de los derechos conculcados, de la persecución política, del país ocupado. Ésa es la prioridad: consolidar el relato del abuso autoritario, desplegar en Europa el falso argumentario de los presos de conciencia y martillear la opinión pública catalana con el mensaje legitimista del procés interrumpido y del «mandato democrático». La acción de gobierno como fábrica de gestos simbólicos para retar a las autoridades españolas y mantener al votante independentista movilizado.
En la medida en que cuiden de moverse dentro de la ley, aunque sea bordeándola en el procedimiento, el Gobierno de España se va a encontrar con un problema serio. Porque no podrá actuar –cuando podía tampoco lo ha hecho– más que con requerimientos judiciales y crecerá entre los ciudadanos una sensación de afrenta, de escarnio, de choteo. De que el 155 no ha servido de nada y que los separatistas vuelven a burlarse de ellos. Y eso es una bomba política, que puede detonar por desafecto, por desencanto… o por escarmiento.
De momento, los indepes no necesitan saltarse otra vez la legalidad para poner a los constitucionalistas en aprietos. Les basta con sobreactuar esa liturgia de apariencias en la que son consumados expertos. Si los españoles que en octubre colgaron las banderas sienten que han perdido el envite y que les faltan de nuevo al respeto, dirigirán su irritación contra aquellos a quienes consideren responsables de permitir una tomadura de pelo.