Editorial, ABC, 15/3/12
Tratar los desafíos del soberanismo como «cosas de nacionalistas» es un error porque minusvalora el efecto disgregador que provoca esta incesante cantinela del agravio y el victimismo
ES razonable esperar que el apoyo del PP al Gobierno de Artur Mas en sus planes de ajuste económico —a los que ayer dio una nueva vuelta de tuerca con el copago sanitario y la tasa turística— tenga su reflejo en un freno a la frivolidad soberanista del Ejecutivo catalán. Y que apaguen también las patrañas que rondan su cabeza sobre el supuesto expolio de los recursos financieros de Cataluña, cuando empresas catalanas se benefician en toda España de sectores regulados, paradigmáticos en el caso de la energía y hasta hace poco las cajas de ahorro. El presidente de la Generalitat debe asumir que es la primera autoridad del Estado en la Comunidad de Cataluña y que un mínimo de lealtad institucional debería hacerle repudiar las iniciativas independentistas contra la presencia de la bandera española en los Ayuntamientos y por la insumisión fiscal, como la aprobada por el Consistorio de Gerona. Cómo no, los socialistas catalanes consintieron esta proclama de independentismo fiscal. Tampoco faltan las muestras de simpatía del Gobierno catalán por las consultas soberanistas, ahora lideradas por una sedicente Asamblea Nacional Catalana. Con una crisis económica dramática, que convoca a todos los españoles a un esfuerzo colectivo, estas muestras de desafección nacionalista resultan inaceptables. No plantean un verdadero problema jurídico, porque ni la decisión del Ayuntamiento de Gerona de no pagar a la Hacienda estatal, ni las consultas soberanistas, tienen viabilidad legal alguna. Lo que revelan es un sentimiento de conflicto permanente, sin el cual sus protagonistas parecen no tener una razón de ser. Además, la alimentación constante de una política de agravios contra el resto de España acaba dando argumentos a los extremismos.
Los apoyos recíprocos entre PP y CIU en sus respectivas políticas económicas justifican ciertas concesiones en aspectos accesorios. Pero no en otras. El bilingüismo real, el respeto a las sentencias judiciales, la lealtad a la Constitución y los símbolos nacionales y la solidaridad con el resto de los ciudadanos forman parte de una política de Estado irrenunciable. Tratar los desafíos del soberanismo como «cosas de nacionalistas» es un error porque minusvalora el efecto disgregador que provoca esta incesante cantinela del agravio y el victimismo.
La alternativa no es una cerrazón al entendimiento con los partidos nacionalistas, ni una reacción patriotera ofuscada. Pero la acción política y el Estado de Derecho son opciones legítimas para combinar, por un lado, el consenso parlamentario, y, por otro, el respeto a la ley y la Constitución. Llevar a los Tribunales el acuerdo de insumisión fiscal de Gerona sería, por ejemplo, muy pedagógico.
Editorial, ABC, 15/3/12